Un cabo y un agente pasaron a situación pasiva en la Policía, mientras la Justicia de Jáchal los investiga por un delito que podría representar el fin de sus carreras en la Fuerza y en toda función pública: el presunto cohecho contra un distribuidor de bebidas, a quien le pidieron un pack de seis gaseosas y otro de la misma cantidad de fernet para no hacerle una multa por andar en una camioneta con supuestos problemas para circular, pues el vehículo habría tenido un faro trasero quemado y, al parecer, también presentaba anomalías en el gancho para remolcar, indicaron fuentes de la investigación.

Los sospechosos son un cabo y un agente (no identificados) que cumplían funciones en el control policial dependiente de la División Tránsito, apostado en la zona de Niquivil. A pedido del fiscal de la UFI Norte, Gastón Salvio, el juez de Garantías, Domingo Castro, ordenó detenerlos a primera hora del pasado miércoles. Y permanecieron privados de su libertad hasta el pasado viernes (el hecho trascendió ayer), cuando Fiscalía les imputó cohecho, solicitándole al magistrado un plazo de 1 año para investigar y medidas de coerción, como no entorpecer la investigación y someterse al proceso, y presentarse periódicamente hasta que se decida si deberán o no ser enjuiciados.

El fiscal de la UFI Norte, Gastón Salvio, imputó cohecho a los policías.

Según la denuncia, todo pasó alrededor del mediodía del pasado 27 de agosto, en una calle paralela a la Ruta Nacional 40 muy usada por los habitantes de Niquivil. Entonces fue que los ahora imputados interceptaron al empleado de una conocida distribuidora que se movilizaba en una Ford F100 y le dijeron que no tenía un faro trasero en condiciones y que el gancho para remolcar no se ajustaba a las normas establecidas sobre esos accesorios.

Según los voceros, fue entonces que le pidieron resolver el problema con un pack de gaseosas y otro de fernet que ‘ni siquiera son de primera marca’. Y el empleado accedió, pero enseguida avisó a su empleador, que denunció el hecho por la misma tarde.

Esa denuncia, disparó entonces una averiguación preliminar al mando del fiscal Salvio, que culminó con un ayudante fiscal y un equipo de policías de la UFI Norte en el control policial. Según los voceros, allí allanaron por orden del juez la casilla donde habitualmente cumplen su trabajo los uniformados y también sus vehículos particulares.

Sin embargo, los combos de bebidas fueron localizados entre unos yuyos cientos de metros al Sur del puesto.

Y para Fiscalía esa es una fuerte evidencia que refuerza la sospecha de que los hechos existieron tal como fueron planteados ante el juez.

Voceros del caso aseguraron que los policías implicados optaron por declarar y contradijeron la versión de Fiscalía, sin embargo sus dichos no habrían sido uniformes y habrían existido contradicciones entre ellos.

El cohecho es un delito con penas de 1 a 6 años de prisión (permite una condena sin encierro), pero también contempla que sus autores pueden recibir inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.