El equipo fiscales federales que pidió procesar al conocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, al colombiano, Jhon Sebastián Quevedo Medina, y al venezolano, Wuillder Gehys Nazareth Rodríguez Martínez, por el delito agravado de trata de personas por la presunta explotación sexual de al menos 21 mujeres a través de la venta de sexo virtual en 4 sitios en internet, investigan también si pudieron cometer maniobras de lavado de dinero, dijeron fuentes judiciales.
Transferencias de montos millonarios por vía electrónica, el hecho de que las jóvenes captadas a través de la falsa agencia de modelos ‘Belle Argentina’ aceptaran firmar que trabajaban para una firma radicada en Colombia. Que el colombiano figurara como dueño de una carnicería, una casa de venta de muebles, que fuera prestamista y promocionara un boliche, son algunas de las evidencias que llevaron a sospechar sobre el posible ‘lavado de activos’. Por eso, los fiscales Francisco Maldonado, Fernando Alcaraz y María Alejandra Mángano, cotitular del Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), pidieron también embargar las ganancias de los sospechosos y los inmuebles en los que se cometieron las maniobras, con vistas a un eventual resarcimiento económico a las víctimas, indicaron.
El resonado caso que terminó con los sospechosos presos en los primeros días de julio pasado, se reabrió en octubre pasado en San Juan (en la justicia provincial se archivó una primera denuncia de marzo de 2022). La causa la dirigió el fiscal Francisco Maldonado, luego de informe con una investigación preliminar enviado por PROTEX. Entonces se inició un trabajo conjunto que encargó la recolección de pruebas a expertos de Gendarmería Nacional.
Ese informe fue clave para confirmar que en la calle Güemes al 4 Sur, en Capital, funcionaba la sede de producción y transmisión de los videos eróticos (de 16 a 22). Que el acceso de los clientes a las ‘salas privadas’ tenía un costo de 1 dólar por minuto, con una exigencia mínima de transmisión de 8 minutos.
Según la investigación, las mujeres eran ‘captadas’ con la promesa de cobrar en dólares el 50% de las ganancias, pero luego ese porcentaje se diluía notablemente, porque les aplicaban multas, el cobro por los juguetes sexuales que usaban, los consumos en el ‘drugstore’ del colombiano. O el alquiler, pues varias de las mujeres no tenían donde vivir y se sospecha que el colombiano y el abogado les facilitaban departamentos que tenían en el 366 Este de avenida Libertador, Capital, donde creen que, además, eran manipuladas para ejercer la prostitución.
Entre las pruebas sobre el manejo de dinero, sobresale un total de ingresos por $11.992.386 y extracciones por $5.360.477 en cuentas del colombiano. Y entre esos ingresos, se destaca un monto de casi 2 millones que le envió el abogado.
El letrado, además, registró extracciones por $2.451.504 e ingresos por $6.993.320, entre los que figuran ítems como ‘putas’ o ‘putas caras’, indicaron.