Llega fin de año y desde los distintos sectores del mundo laboral se comienza a especular con la posibilidad de que se efectúe un reconocimiento por sobre el salario, bajo la denominación de bono de fin de año o bono navideño. En una economía fuerte, donde se genera superávit producido por la propia actividad de sus fuerzas laborales, este tipo de recompensas puede llegar a ser habitual. Pero en un país como el nuestro donde a consecuencia de una política de ajuste que fue necesaria implementar para reorganizar las variables y hacer que el país comience un proceso de reordenamiento en un intento por superar la difícil situación económica heredada de las anteriores gestiones, pensar en un bono por una cifra relativamente alta, es desconocer todo el esfuerzo que se está haciendo para controlar la inflación.
Mientras que el sector jubilado viene recibiendo desde hace varios meses un bono por una cifra fija de 70.000 pesos mensuales, que para muchos resulta insuficiente, hay provincias y municipios que han anunciado la posibilidad de otorgar un bono que, en algunos casos, llega a los 700.000 pesos, según han admitido sus propias autoridades. En algunas provincias, como Santiago del Estero, se está considerando superar ese monto en una actitud que puede incidir en el precario equilibrio económico que se está consiguiendo.
La incidencia que puede llegar a tener esa cantidad de dinero en el comercio local puede ser buena, pero hay que acordarse que ese monto para que llegue a manos de los estatales debe salir del erario público que es alimentado por el pago de impuestos de todos los contribuyentes. Además si ese dinero es volcado simplemente al consumo, y no se lo utiliza para invertir en el aspecto productivo, lo más probable es que irá destinado a la compra de alimentos o ropa para las fiestas de fin de año, o para alguna actividad recreativa.
Hay que tener en cuenta que en la medida que la suma de esos bonos es más elevada se establece una especie de competencia, algo que resulta inadmisible en momentos en que pequeñas y medianas empresas están imposibilitadas de pagar un bono, por carecer de márgenes de ganancia.
Tanto los gobernadores como los intendentes deben ser muy responsables con sus actitudes ya que cualquier monto que otorguen –aunque parezca muy necesario– incidirá en el índice de inflación perjudicando a la población en general en vez de beneficiarla. Esto ya ha sido comprobado en otras ocasiones y no se espera que esta vez sea diferente.
Otro aspecto a tener en cuenta es el de la marcada diferenciación salarial que se sigue acentuando en algunos sectores con respecto a otros. Más allá de las lógicas diferencias que se establecen por la ubicación geográfica de los trabajos o la responsabilidad que implica cada tarea, la brecha salarial no debería ser tan acentuada para evitar la competencia de ingresos que alimenta la espiral inflacionaria.