El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una denuncia penal contra la gestión de Alberto Fernández por presuntos fraude a la administración pública e incumplimiento a los deberes de funcionario público. De acuerdo al planteo de la ministra, la mitad de los comedores a los que destinaban fondos millonarios directamente no existen. Y jamás hubo, establece la denuncia, un control sistemático del destino de ese dinero.
El texto presentado por Pettovello determina que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”. En detalle, según la denuncia, dada a conocer ayer de forma íntegra por el portal Infobae, de la totalidad de los comedores “sólo se pudieron relevar la mitad: 52,3%. El restante 47.7% no pudieron relevarse debido a que el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.
Por estas razones, la denuncia plantea que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.
El escrito consta de 14 fojas. En la cuarta, se sostiene: “Lo cierto es que de las auditorías ya realizadas por este Ministerio de Capital Humano (y de las que se encuentran en curso actualmente también)surge que el Gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales ‘Argentina contra el hambre'”.
Por último, Pettovello le dijo a Infobae que la presentación judicial contra la administración anterior encabezada por Alberto Fernández se realizó “en el marco de la política activa anticorrupción y de transparencia emprendida por el Gobierno nacional”.