A partir de las 13.310 llamadas anónimas recibidas en la línea 134, que el Ministerio de Seguridad habilitó en diciembre pasado para recibir denuncias de quienes hubieran sido amenazados para participar en las marchas contra el Gobierno nacional, la justicia federal ha comenzado a investigar a los dirigentes de movimientos sociales que en los últimos años han estado manejando planes sociales y también comedores comunitarios, dos beneficios que en la opinión del Gobierno se han utilizado para extorsionar a la gran masa de personas carecientes que solicitaba esta ayuda.
Por el momento suman 28 los acusados, quienes fueron objeto de allanamientos con el propósito de incautarles documentación como listas de beneficiarios de los distintos planes y, fundamentalmente, los teléfonos móviles que se considera poseen información referida a las acusaciones de extorsión de los que se animaron a ratificarlas ante la justicia.
Hay denuncias puntuales que grafican de qué manera actuaban los dirigentes acusados y por qué se considera que respondían a un plan sistemático de utilizar la extorsión en beneficio propio y con fines políticos. Testimonios de beneficiarios de planes sociales revelaron que les exigían, si querían mantener el Plan Potenciar Trabajo, el aporte de una determinada suma de dinero y asistir a movilizaciones que hacían la organización, llámese Polo Obrero, Barrios de Pie o Frente de Organización en Lucha, entre otros. La asistencia era obligatoria, si no corrían el riesgo de ser excluidos de las listas de beneficiarios.
La investigación de la justicia federal se extiende, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por distintos partidos de la provincia de Buenos Aires como Morón, Lomas de Zamora, Quilmes y Mar del Plata, y por provincias como Tucumán, Mar del Plata, Córdoba y Jujuy.
En San Juan situaciones como estas se han conocido en años anteriores, pero sin que medien denuncias. Fue muy comentada la actitud de un dirigente social del departamento 9 de Julio que a través de un audio por whatsapp convocó a todos los beneficiarios de planes sociales a una manifestación en contra del intendente de ese momento, en el edificio municipal. En la ocasión advirtió que el que no estuviera dispuesto a sumarse a la protesta no reclamara posteriormente si no figuraba entre los beneficiarios de los planes o de los alimentos que se distribuyen en los comedores.
Situaciones como estas deben quedar expuestas para evitar que la ayuda social sirva a determinados sectores como elemento de coacción, a fin de obtener réditos económicos o políticos.
Desenmascarar todos estos casos, que durante años han estado encubiertos y protegidos por los mismos gobiernos de turno es un paso hacia adelante en busca de que la ayuda social sea correctamente distribuida a quienes realmente la necesitan, de manera transparente y por personas idóneas que no pretendan sacar ventajas de su posición como lo han estado haciendo algunos dirigentes de los movimientos sociales.