Es un hecho de que en nuestro país no todos los puestos laborales ofrecen los beneficios mínimos y necesarios que permitan a los trabajadores tener una seguridad social regulada por ley, que les posibilite protección en su salud o protección legal o institucional.
Se debe tener en cuenta que el empleo es importante para las personas porque a través de él pueden llevar a cabo actividades que le permitan realizarse como ser humano, además de obtener los recursos que le posibiliten vivir dignamente.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el empleo informal es una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, que no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carece de prestaciones relacionadas con el empleo.
Es lamentable que en la Argentina casi 7 de cada 10 empleos creados después de la pandemia no son formales. A pesar de que la tasa de empleo informal descendió el último año un 0,4% interanual, en la actualidad se mantiene en niveles cercanos al 36%, lo que es una cifra demasiado elevada para una economía que busca consolidarse.
El problema es que en el actual esquema económico la informalidad se mantiene porque muchas personas se ven en la necesidad de aceptar trabajos bajo estas condiciones, ya que de lo contrario no tendrían un empleo ni encontrarían la manera de obtener recursos para sobrevivir.
La gravedad de la situación es que los empleos informales se ofrecen más comúnmente a los individuos más vulnerables de la sociedad, como son los jóvenes, mujeres, migrantes, pobres o personas de la tercera edad que buscan una ‘changa” para poder sobrevivir ante los lamentables ingresos que representan las jubilaciones mínimas o menos remuneradas.
De esta situación deriva que casi siempre la informalidad va asociada con bajos ingresos, inestabilidad laboral, desprotección, desaliento y violación de derechos.
Las consecuencias de la informalidad no pueden ser positivas toda vez que lo que ocasiona son desequilibrios económicos y falta de oportunidades. La OIT señala que el costo de permitir la informalidad es visible ya que perpetua la pobreza, profundiza la desigualdad, limita la productividad, entorpece el crecimiento económico y desafía la gobernabilidad democrática
Para combatir la informalidad se requieren de voluntad política, diálogo entre los integrantes de los sectores productivos y honestidad empresarial.
La precariedad de los empleos no solamente afecta el nivel de desarrollo de las familias, sino también de progreso de los países, por lo que es inaplazable que exista un compromiso conjunto tanto de las autoridades como de los empresarios y los trabajadores para generar mejores condiciones laborales en el país.