Recibir una pena de 2 años sin detención e igual período para no ejercer la odontología por lesiones culposas, como pidió la fiscal Claudia Yanina Galante y su ayudante, Juan Manuel García Castrillón. Un castigo más alto, pues la abogada de la Parte Querellante, Yamila Piozi, solicitó 3 años sin encierro y 4 de inhabilitación. O la absolución ‘lisa y llana’ pedida por los defensores, Fernando Castro e Ivana Salas. Desde ayer, la jueza Carolina Parra, tiene sobre su escritorio esas dos opciones para resolver cómo concluye el segundo juicio (el primero fue anulado por la Corte de Justicia) a la odontóloga, María Romina Pellice, por haberle sacado 12 dientes a un niño el 14 de setiembre de 2017, cuando tenía 5 años.

Pellice y su colega, María Gabriela Puigdengolas Cámpora, habían sido condenadas en un primer juicio por lesiones culposas, por extraer 10 dientes demás al menor. Pero en el inicio del segundo debate, Fiscalia pidió que Puigdongolas Cámpora fuera desligada porque en los delitos culposos (sin intención), no se puede hablar de partícipes y solo deben reprocharse al autor, en este caso Pellice. Por eso Puigdengolas fue absuelta.

Ayer, Fiscalía insistió en que Pellice debía ser condenada, porque consideró probado que no informó a los padres con detalle sobre la intervención quirúrgica que atravesaría su hijo (con los pro, los contras, la posibilidad de un tratamiento alternativo), para que prestaran su consentimiento informado o no. Que no se completaron los estudios prequirúrgicos de rigor ni se preparó al chico con una psicoprofilaxis, para que pudiera enfrentar lo traumático de semejante operación y sus consecuencias. Y remarcaro que era necesario extraerle a lo sumo dos muelas y no las otras 10 piezas, porque 6 podían ser tratadas sin extracción y había 4 dientes sanos.

La fiscal remarcó el daño psicológico y orgánico causado durante años a ese menor, que bajó de peso por la dificultad para alimentarse, sufrió bullyng por parte de otros chicos, al punto de que sus padres debieron cambiarlo de escuela.

Mostrando dos fotos de su hijo, con y sin dientes, el papá de ese niño le pidió a la jueza que tenga en cuenta que ‘era solo tenía 5 años y no era un electrodoméstico que se podía reemplazar’. Que ‘durante 5 días a la semana debía visitar a varios profesionales después de las múltiples extracciones en lugar de jugar y pasar la vida como un chico normal. Esa vez mi hijo nos dijo, hablen con el juez para que los ponga en penitencia. Ahora me dijo pedile a la jueza que haga justicia, para que esto no le pase a otros chicos’.

La Defensa, por el contrario, consideró que su clienta es ajena a la ausencia de firma del consentimiento informado de los padres, que la madre del niño estuvo siempre al tanto de todo y que fue ella quien solicitó un quirófano. Enfatizó que ninguna operación se concreta sin la documentación de rigor. Remarcó que su clienta no se apartó de las normas que rigen su profesión, que no se probó la existencia de lesiones ni daño psicológico, pues el chico era inquieto y antes de la múltiple extracción estaba con tratamiento psicológico.