Aquel fatídico 24 de agosto del año pasado, la propia paciente, Susana Dora Molina (57), se las había ingeniado para escribir en un papel a su hija Yamila: “Decile a la enfermera que me aspire”. Para entonces, hacía rato que esa joven y su cuñada Danila habían insistido en el sector de enfermería para que fueran a quitarle las secreciones de la cánula de traqueotomía que le habían puesto a la mujer, que para entonces parecía salir de un cuadro complicadísimo: un ataque de ACV (accidente cerebrovascular) que, el 11 de julio de 2023 obligó a llevarla al hospital Marcial Quiroga, con urgente derivación al hospital Guillermo Rawson para una mejor atención por su complejo estado de salud. Pero aquel día, al cabo de unas 3 horas, el conducto que le pusieron para respirar no fue limpiado y a eso de las 17 horas sufrió un paro cardiorrespiratorio. A partir de entonces todo empeoró, porque volvió al área de terapia intensiva, pero ya no fue posible recuperarla. Murió el 7 de septiembre de 2023.
Entonces, la hija de Susana reclamó administrativamente al hospital Rawson. Y ahí quedó individualizado el enfermero Marcelo Gerardo Acosta, como la persona a la que le pidieron, sin éxito, asistir a Susana. Luego de esa denuncia, el enfermero replicó con otra en un juzgado de Faltas contra los parientes de la fallecida, porque se consideraba “hostigado”, dijeron fuentes judiciales.
El 19 de septiembre del año pasado, la hija de Susana Molina denunció el caso en la UFI de Delitos Especiales, donde se abrió una investigación con recolección de pruebas, que ahora complica a Acosta.
Ayer, el enfermero debía concurrir a una audiencia ante la jueza de Garantías, Gema Guerrero, a quien el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, y la ayudante fiscal Victoria Martín, iban a pedirle que impute al enfermero el presunto delito de homicidio culposo (matar sin intención), pues entienden que hay una conexión directa entre su actuar “negligente e irresponsable” y la muerte de esa mujer, que ya parecía salir del grave cuadro de ACV que había sufrido. Pero Acosta no fue encontrado en el domicilio que dio en el Juzgado de Faltas donde denunció a la familia de Susana Molina.
Y ahora Fiscalía (sin oposición del defensor oficial Alejandro Martín García) buscará agotar las vías para ubicarlo y citarlo a concurrir a Tribunales, con un abogado, pues deberá defenderse de la presunta ejecución de un delito que, de probarse al cabo de un juicio, podría acarrearle consecuencias graves, como recibir una condena penal (posiblemente sin encierro) y algo un poco más perjudicial, la inhabilitación para poder ejercer como enfermero.