Los cruces comenzaron cuando la jueza pidió al fiscal Eduardo Martínez (ayer coordinado por el fiscal Roberto Ginsberg, UFI CAVIG) que diera más precisiones sobre el contenido de las evidencias que enumeró (tres testigos, localización de un teléfono, secuestro de cosas) al momento de pedir que Federico Raúl Ojeda y Héctor Walter Aballay queden por 5 meses presos, sospechados de cometer el asalto a punta de cuchillo contra una pareja a última hora del pasado 5 de junio, detrás del predio Costanera, en Chimbas. Por esas evidencias, Fiscalía sospecha que Ojeda asaltó al varón y le sustrajo el celular, una rueda de auxilio, un gato, un estéreo, un pantalón y sus zapatillas, en complicidad con Aballay, que, además, violó a la chica metiéndole sus dedos, manoseándola y besándola.
Los nuevos sospechosos cayeron el sábado. Y así, Cristian Sebastián Aballay y Marcelo Daniel Aballay Irrazabal (los primeros detenidos) fueron liberados el último domingo.
Informalmente, trascendió que a Ojeda y Aballay se llegó por la localización del teléfono del joven asaltado y el hallazgo de las cosas robadas. Esas evidencias quedaron respaldadas, además, por el testimonio de la pareja de Ojeda y otros dos hombres.
Tras el pedido de la jueza, los defensores oficiales María Emilia Nielson y Javier Quiroga, se opusieron rotundamente. Ambos coincidieron en que Fiscalía tuvo la oportunidad de dar esas explicaciones en su exposición y no lo hizo, aun cuando tiene el “deber de fundar y justificar” sus peticiones ante el juez. Así, dijeron que se violaba el derecho de Defensa y Quiroga llegó a decir que podía pedir el apartamiento del caso de la jueza si acaso se proseguía.
También se opusieron a la prisión preventiva. La Defensa de Ojeda pidió encierro domiciliario u otras medidas de coerción, como lo solicitó Quiroga en favor de Aballay.
De todos modos, Fiscalía insistió en que su pedido estaba fundamentado y no daría precisiones.
“La tarea difícil la tengo yo, porque como saben los jueces necesitamos información de calidad para fundamentar nuestras decisiones”, aclaró la jueza Gema Guerrero, que ayer imputó a Ojeda ser coautor del asalto y partícipe necesario en el abuso sexual, cuya autoría se atribuye a Aballay (además del robo). La magistrada dictó prisión preventiva, pero sólo por 25 días, tiempo en el que, estima, podrá concretarse la rueda de reconocimiento de personas que solicitó Fiscalía, con la intención de que las víctimas reconozcan o no a los nuevos imputados.
Ambos están condenados: Ojeda tiene un castigo de 2 años 6 meses por violencia intrafamiliar y robo. Y Aballay cumplió en 2017 un castigo por robo agravado.