La propuesta del Gobierno nacional de eliminar los aportes obligatorios que realizan todos los sectores vinculados a la vitivinicultura para sostener a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y convertirlos en voluntario, es algo que se preveía a corto plazo ante la insistencia de algunas entidades como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) que viene argumentando con insistencia problemas de comercialización, como también una fuerte presión impositiva, algo que es común para los demás sectores de la vitivinicultura.

La Coviar es un organismo público privado creado en 2004, encargado en la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), una guía consensuada entre diferentes sectores de la actividad para el desarrollo de la vitivinicultura argentina. Para garantizar su funcionamiento se impuso una contribución obligatoria a los establecimientos vitivinícolas excluyendo a los que actúan solamente en la producción primaria. Pero el organismo podía también recibir otros recursos de los estados nacional o provinciales o de entidades de asistencia financiera, estatales o privados.

La Corporación ha pasado por varias etapas desde su creación, en algunas de ellas cumpliendo con sus objetivos principales, pero en otras afrontando algunas crisis que generaron mucha polémica dentro del sector vitivinícola.

Si bien, el Gobierno nacional ya había anticipado la idea de eliminar los aportes obligatorios de los privados a la Corporación, fue durante una reunión realizada recientemente en Mendoza, en la que concretó una nueva embestida para ir dejando en claro que ya se está trabajando en la posibilidad de derogar la ley que establece los aportes obligatorios o emitir un decreto presidencial para alcanzar el mismo objetivo: “desfinanciar la Coviar porque está considerada como un “peaje” a pagar dentro de la industria vitivinícola”.

Pero hay otro ingrediente a tener en cuenta dentro de esta situación y es que hay algunos industriales y productores vitivinícolas que, directamente, han pedido derogar la Ley 25.849, de creación de la Coviar. El pedido se basa en que al momento de formarse esta entidad se fijaron como objetivos promover la organización e integración de los actores de la cadena productiva, como la innovación de productos y procesos que acrecentaran el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos e internos, y para alcanzar un desarrollo sostenido. Se considera que nada de esto se logró aunque debieron continuar aportando durante todo este tiempo como si se tratara de otra carga impositiva dentro de las tantas que afronta la industria.

El destino de la Coviar está en juego por lo que serán sus actuales directivos quienes tendrán la tarea de implementar una reestructuración basada en los aportes voluntarios que la entidad pueda recibir u optar por alguna otra salida antes que aceptar la disolución de este organismo.