El conflicto esta vez es entre el gremio de conductores de ferrocarriles y el grupo de empresas ferroviarias que están nucleadas en Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), y está motivado por el rechazo de los sindicalistas a la paritaria del sector, por considerar que los incrementos propuestos no cubren las expectativas salariales. Pero la protesta que ha dado lugar a esta situación no consiste, como es habitual, en un paro de actividades o medidas similares, sino que busca provocar demoras en el servicio de trenes al haber impuesto una velocidad máxima de rodamiento de los vagones, de 30 kilómetros por hora, en cumplimiento de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional a mediados del mes de junio de este año.
El tema es que quienes verdaderamente sufren el efecto de las demoras en la salida de los trenes es el público usuario, integrado en la mayoría por trabajadores de distintas áreas que tienen que salir todos los días a cumplir con sus obligaciones.
La situación se asemeja a lo que sucede en Aerolíneas Argentinas cada vez que uno de sus cinco gremios dispone alguna medida de fuerza, perjudicando no solo a la empresa sino, fundamentalmente, a los usuarios del servicio de transporte aéreo que suelen quedar varados en los aeropuertos.
Respecto del procedimiento de los ferroviarios, los dos primeros días de la semana resultaron un auténtico caos para los usuarios del servicio de trenes de las seis líneas que cubren la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y amplias zonas del cono urbano Bonaerense. La gente se agolpó en las ventanillas de las oficinas administrativas de los trenes Roca, Mitre, San Martín, Urquiza, Belgrano Sur y Sarmiento, para intentar conocer los horarios de salida y llegada a cada estación. Las demoras fueron considerables por lo que hubo personas que tuvieron que salir muy temprano en la madrugada y regresar muy tarde por la noche, para poder cumplir con sus tareas habituales.
La estrategia de no declarar un paro, que se sabe no servirá de mucho ante la intransigente posición de FASE y del Gobierno nacional de no otorgar mejoras salariales que estén por encima del índice de inflación, fue reemplazada por un acatamiento estricto de la Emergencia Ferroviaria, que prevé mejoras en el mantenimiento de los trenes y de la infraestructura en general, a los fines de evitar accidentes como el ocurrido el pasado 10 de mayo en Palermo. El Gobierno nacional se ha comprometido, a través de la secretaría de Transporte a iniciar en breve 226 obras, de las cuales 109 serán para vías y puentes, 56 de señalamiento, 28 eléctricas y 33 civiles, todo ello con un presupuesto complementario de 1,3 billones de pesos.
Una vez más el sector sindical, en busca de cumplir sus oscuros propósitos, toma medidas que perjudican a la gente. En este caso la presión la hacen sentir saboteando el normal servicio de trenes mediante el acatamiento de una medida impulsada por el propio gobierno que hace que los trenes circulen lentamente provocando que la gente tarde más en llegar a destino, además de viajar amontonados y en malas condiciones.