Si bien es muy importante que dentro de un reordenamiento institucional se vayan ajustando los plazos del cumplimiento tributario y de las demás obligaciones que existen con el Estado, también resulta conveniente que haya una flexibilización pactada para el pago de deudas, a fin de no perjudicar a empresas y particulares que están empeñados en trabajar y seguir produciendo a pesar del panorama adverso que en estos últimos tiempos toca afrontar.
Medidas como la suspensión del CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) con la que han sido sancionados o amenazados algunos trabajadores autónomos, comercios o empresas, tienen un resultado contraproducente ya que excluye del sector productivo a importantes actores interesados en seguir contribuyendo con sus actividades a una economía que necesita de cada uno de los sectores. A ellos hay que darles la posibilidad de ponerse al día con un plan pactado que evite dejarlos afuera del sistema productivo. Suspenderles el CUIT, es dejarlos sin los argumentos necesarios para intentar una recuperación, todo por cumplir a rajatabla con las disposiciones emanadas de la ex AFIP o la actual ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) integrada por la DGI, que incluye los recursos de la Seguridad Social, y la Aduana.
También hay que tener en cuenta, como lo señalan las normas en vigencia, que este tipo de suspensiones atenta contra la posibilidad de empresas y particulares de ejercer los actos jurídicos necesarios inherentes a la vida civil y afecta, entre otros, los derechos de trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, derecho de propiedad, etc, todo ello en desmedro de las garantías previstas en los artículos 14, 14 bis, 17 y concordantes de la Constitución Nacional. Porque la inactividad del CUIT, sin fecha de vencimiento, implicaría una suerte de muerte civil que no es admisible en el derecho argentino.
Hay otros tantos casos en los que los empresarios y particulares que aportan con su trabajo al Estado se sienten en exceso controlados por organismos de gobierno que no hacen otra cosa que imponer exigencias, trabas burocráticas e impedimentos para la realización de cualquier actividad. De ahí surge el dicho popularizado de que ‘en la Argentina se persigue menos a un narcotraficante, que a un empresario”, y esto se puede observar en la gran cantidad de medidas regulatorias que rigen en todas las áreas de la producción de bienes y servicios. Nuestro país es conocido por la demora que existe para crear una empresa o lograr las autorizaciones correspondientes. La burocracia estatal dificulta muchas iniciativas y luego las limita con medidas de control excesivas.
Llevado al plano doméstico, esta presión se observa en cada hogar con las facturas de servicios o el pago de impuestos, que si no son cancelados en término, de inmediato dan lugar a intimaciones o la aplicación de intereses punitorios que pueden llegar a la ejecución.
En la actualidad no existe ningún tipo de contemplación con empresas y particulares que durante años han estado cumpliendo con sus obligaciones y que ahora pueden estar pasando por un momento difícil en el aspecto financiero. Las exigencias administrativas son cada vez más duras y no dan margen a una recuperación económica.