En un país como la Argentina la generación de empleos es una de las tareas más complicadas. Todos los sectores de la economía están a la espera de una reactivación que posibilite aumentar la producción y consecuentemente el número de empleos. En la medida que esto ocurra el ofrecimiento de trabajo será mayor y es ahí donde hay que tener en cuenta al sector de personas con discapacidad que pueden asumir cualquier función demostrando idoneidad y capacidad para realizar una tarea.
Lo que hay que superar en esos casos son las barreras que suelen impedir la inclusión e igualdad de oportunidades y abrir la posibilidad para que las personas con discapacidad compitan libremente por el puesto de trabajo que pretenden.
En una sociedad cada vez más inclusiva es positivo que se generen más empleos que puedan ser ejercidos por personas con discapacidad.
Se calcula que en la Argentina hay aproximadamente 2 millones de personas con discapacidad en edad laboral que no están trabajando por no existir las condiciones apropiadas para la toma de ese personal. Algunos de los motivos por los que se está dando esta situación son las barreras (arquitectónicas, sociales, etc.) que impiden que estas personas puedan realizar alguna actividad laboral en igualdad de condiciones con el resto del personal.
Es abundante la legislación existente con la que se busca promover y asegurar los derechos de las personas con discapacidad para trabajar. A nivel internacional está la Convención de los derechos de las personas con discapacidad (Art. 27 de trabajo y empleo) que promueve este tipo de trabajo sin mayores trabas ni inconvenientes, poniéndolo al alcance de todo aquel que esté interesado en ejercer una tarea laboral.
A nivel nacional está la Ley 25.689 del sistema de protección integral de las personas con discapacidad, que refiere en sus artículos, que tanto en entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligadas a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4 % de la totalidad de su personal, y a establecer reservas de puestos de trabajo para ser exclusivamente ocupados por ellas.
En nuestro país, desde 2006 están en vigencia diversos programas para inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado, los cuales buscan insertarlos en la sociedad bridándoles un sustento económico y permitiéndoles desarrollar sus habilidades. A los empleadores se les otorgan importantes beneficios fiscales y previsionales, tales como descuento en ingresos brutos, ganancias, contribuciones patronales, obras sociales y ART, entre otros, al contratar por tiempo indeterminado estos trabajadores.
Se considera que están dadas las condiciones para que en cuanto el mercado laboral comience a dar muestras de recuperación, se contemple la posibilidad de incorporar a personas con discapacidad conforme a las necesidades que tenga cada empresa y a la capacidad que demuestre cada postulante.