Víctor Hugo Muñoz Carpino, Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Juan Gabriel Meglioli (secretaría de Natalí Lima), serán los jueces que, a partir del 10 de marzo próximo, dirigirán las audiencias del juicio al bodeguero de 71 años sospechado de cometer graves delitos sexuales contra su propio hijo cuando tenía 2 años y 7 meses, y dos hermanos de ese niño por parte de madre, por entonces de 11 años, dijeron fuentes judiciales.
Está previsto que declaren unos 30 testigos y que, estimativamente, el debate consuma un par de semanas, indicaron.
Los hechos habían sido denunciados por la madre de esos niños hace más de 9 años, el 20 de enero de 2016.
Según la mujer, todo se supo cuando el menor de sus hijos le preguntó si ella le practicaría sexo oral como lo hacía su papá. Entonces se preocupó por saber si sus otros hijos también habían atravesado algo similar y esos menores también le describieron situaciones de abuso. Según la denunciante, ella también era sometida a malos tratos.
Al defenderse, el empresario negó de plano tales circunstancias y buscó desacreditar a la denunciante, de la que dijo que en una ocasión amagó con lanzar a su hijo del 5to. piso de un edificio, como amenaza para que él le diera dinero para abortar a otro hijo que esperaba de él, consta en el expediente.
A través de su defensor, Marcelo Fernández, el bodeguero concretó más de 30 planteos para intentar derribar la acusación en su contra. El más saliente de esos planteos derivó en una sanción disciplinaria del Colegio de Psicólogos contra Inés Rodríguez, una de las profesionales con más trayectoria en el Poder Judicial. Sin embargo fue la propia Corte de Justicia la que analizó el caso y desligó a la profesional de ese castigo disciplinario.
Sin embargo, para Fiscalía prosperó la versión de los niños ante psicólogos, el informe de esos profesionales y otras evidencias que, al final, cuajaron en la acusación contra el empresario por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción sexual contra los tres niños.
Será la fiscal, Silvina Gerarduzzi, quien, al cabo del debate, decida si las pruebas confirman o no la sospecha contra este empresario.
Si luego del debate el bodeguero resulta condenado a una pena efectiva, no irá a la cárcel porque podrá reclamar ante la Corte de Justicia para que revise el fallo. La misma posibilidad tendrá el abogado de la Parte Querellante (en este caso el defensor oficial. Marcelo Salinas), si la decisión de los jueces es absolver al imputado.