Si hasta ahora la situación económica y financiera de los pequeños y medianos productores agrícolas de la provincia era complicada, a partir de los próximos meses será más grave cuando comiencen a llegar las boletas del servicio de energía eléctrica con el último aumento dispuesto por el Gobierno nacional. La suba de tarifa que entró en vigencia a partir del 2 del corriente es del 2,5%, pero hay que tener en cuenta que en septiembre último ya se había efectivizado otro aumento del 4%, que también incidió duramente en el sector.

Los pequeños y medianos productores frutihortícolas, al igual que los pequeños viñateros vienen desde que se declaró la sequía y la emergencia hídrica en la provincia recurriendo, en un elevado porcentaje, al agua de pozo, o al riego por aspersión o por goteo, para el cultivo de sus productos que en ocasiones tienen como destino el mercado interno o la comercialización fuera de la provincia.

El aumento del precio de la tarifa eléctrica incide directamente en el costo de los productos frutihortícolas, ya que en la mayoría de los casos tanto para regarlos como para procesarlos en los centros de empaque, se requiere de un intensivo uso de energía eléctrica, un servicio que si al usuario domiciliario común se le hace difícil pagar, mucho más complicado es para el pequeño o mediano productor, que debe hacer frente a tarifas millonarias.

El uso de pozos para la extracción de agua del subsuelo es la práctica más generalizadas para asegurar la irrigación de los cultivos, pero a medida que las tarifas eléctricas continúen aumentando esta opción se volverá prohibitiva para la mayoría de los productores que utilizan este recurso.

La incidencia que tendrá el último aumento de electricidad para un productor frutihortícola medio que habitualmente riega unas 10 hectáreas con un pozo de 75 Hp, no solo tiene en cuenta el consumo sino otros ítems que figuran en la boleta como el cargo fijo y la potencia instalada, entre otros impuestos provinciales y municipales o por el tendido de líneas especiales. Un cálculo rápido de cómo puede llegar a incrementarse el precio del servicio lo dieron algunos miembros de las cámaras de productores que de acuerdo a sus estimaciones una boleta de $1.700.000 pagada en el mes de octubre podría llegar a los $3.000.000 con el consumo de noviembre.

Es un hecho de que con estos valores el desarrollo agrícola provincial se va a ver seriamente condicionado. Muchos pequeños y medianos productores no van a estar en condiciones de continuar con la producción de frutas y hortalizas, como también habrá pequeños productores vitivinícolas que no podrán sostener sus sistemas de riego por bombeo, ni contar con las bodegas para el proceso de molienda, ya que estas también se verán seriamente afectadas con el precio de la energía en una época del año en la que el consumo es inevitable.

Sin duda, la política de eliminación de subsidios de los principales servicios públicos es lo que ha llevado a esta situación. Aunque los sectores de la producción coinciden en que analizando cuidadosamente el costo de producción de la energía, el transporte y otros rubros específicos, se puede llegar a determinar una correcta facturación que no incida tan perjudicialmente en el sector.