La Municipalidad de Rawson se prepara para una semana movida luego de que explotara un escándalo por la expropiación del predio La Superiora. Es que la Corte de Justicia de San Juan falló obligando a la gestión actual a pagar una deuda a los antiguos dueños que viene arrastrando desde 2012. Las nuevas autoridades consideran que es irregular el monto que están pidiendo e irán nuevamente a la Justicia local. Reclaman que hubo una actualización de $1,8 millones a más de $370 millones que no es razonable y pedirán que se revea el monto. Mientras tanto, los concejales opositores quieren conformar una comisión que evalúe si hubo responsabilidades internas y creen que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema de la Nación. Desde ambos sectores, coinciden en que no corresponde el pago sideral que están pidiendo privados.
El problema gira en torno a la expropiación del predio La Superiora, que hace más de una década se encontraba abandonado y que la gestión de Juan Carlos Gioja expropió para hacer un espacio cultural y deportivo. En su momento, hubo una primera tasación que calculaba el valor en $5,8 millones, pero los expropiados apelaron y este monto se elevó a $6,8 millones. El proceso continuó por vía judicial y en 2023 el Tribunal de Tasaciones hizo un nuevo cálculo donde esta diferencia terminó elevándose por una actualización a más de $371 millones. En este punto, aseguran, el municipio podía apelar, pero desde la gestión de Rubén García no hubo una presentación judicial y ahora la Corte de Justicia provincial falló dejando firme esta orden de pago.
Debido a esto, el equipo de Carlos Munisaga, que asumió en diciembre, volvió a Tribunales para pedir que se revea este cálculo. Adriel Fernández, secretario de Modernización, explicó que quieren resolver de forma local la situación y para eso van a pedir que se revea la tasación, de modo de ir ganando tiempo. Es que entienden que el Tribunal que hizo el cálculo habría tomado valores que no corresponden. “Se tuvieron en cuenta cosas como el dólar blue y no sabemos si el nuevo valor contempla las mejoras que hizo el municipio durante estos años, porque cuando se expropió era un lugar en ruinas”, explicó. Para el funcionario, si se calcula sólo por inflación o por el valor de precio de nafta, en ningún caso llegan al monto actual.
Mientras esto avanza, los concejales del orreguismo solicitaron conformar una Comisión Evaluadora excepcional. El lunes entrará el proyecto del bloque orreguista y, según uno de sus autores, el concejal Modesto Fernández, esperan “contar con los votos”. Tienen los de tres ediles propios, uno de La Libertad Avanza y los cuatro de Munisaga, que los apoyarían. Hay cuatro votos restantes, de los concejales giojistas, que podrían ser en contra, pero aun así llegan con los números. De ser así, la comisión podrá avanzar.
“Queremos ver si hubo responsabilidad profesional de parte del equipo legal de Rubén García”, dijo Fernández. El año pasado el equipo legal podía presentar una apelación, pero no lo hicieron y para el concejal esto es una irregularidad porque “un abogado del Estado está obligado a apelar”. Para Fernández, una vez que tengan los datos podrán determinar si hubo responsabilidades internas, pero además la causa debería seguir hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, dijo que gracias a la Ley de Emergencia Económica, podrían demorar el pago hasta que haya una resolución del máximo tribunal.