No fue una jornada favorable para Roberto Jorge Montilla (56). Ayer cosechó dos reveses en el escándalo que lo involucra por querer influir, ‘indebidamente desde su función’, para que un hombre de 84 años amigo suyo, que estuvo preso, pasara de la seccional 4ta a una residencia de adultos mayores por sus problemas de salud. El primer punto en contra lo aportó, por la mañana, el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, quien desestimó la denuncia que el magistrado puso el último viernes, señalando al otro fiscal coordinador, Iván Grassi, como presunto autor de un ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público al haber injuriado a un juez y tráfico de influencias por filtración de pruebas’ de la causa en la que Grassi lo investiga a él.
En su desestimación, Micheltorena incluso critica la ‘ignorancia del derecho’ de Montilla, pues consideró que no aportó ningún indicio serio para señalar a Grassi como autor de la filtración del video. Porque se violarían normas de la Constitución Nacional y tratados internacionales al querer investigar en los medios de comunicación para saber cómo obtuvieron el video. Porque el delito de injurias es de instancia privada, es decir que debió o debe ser motorizado por el mismo juez prescindiendo de Fiscalía. Y porque los hechos denunciados son atípicos, es decir no encajan en una delito del Código Penal, dijeron fuentes judiciales.
El otro revés lo sufrió sobre el mediodía, cuando el juez Pablo León rechazó un planteo del defensor oficial de Montilla, Alejandro Martín García, para que rechace la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, es el pedido de autorización para que Montilla comience a ser investigado (durante 6 meses) como sospechoso de los presuntos delitos de usurpación de títulos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
‘Niego los hechos, los presuntos hechos delictivos -que le atribuyen- y hago unas pequeñas preguntas, ¿quién viralizó los videos -de cuando él fue a la seccional 4ta- de la prueba que oralizó Fiscalía? Presumo que el que lo hizo -en su denuncia señaló a Grassi- pudo haber cometido cohecho pasivo’, dijo ante el juez León que, en el acto, le respondió que denunciara si tenía conocimiento de algún hecho delictivo.
En sintonía con su declaración, su defensor oficial, Alejandro Martín García, intentó frustrar el inicio de la investigación, con el argumento de que los derechos de su defendido habían sido violentados. Por no avisarle formalmente que era investigado y haberse enterado por la prensa. Y también por la viralización del video con Montilla en la seccional, pues es una evidencia que puede ser considerada nula.
El fiscal Grassi (ayer acompañado por el fiscal Sebastián Gómez y los ayudantes Agostina Pérez y Adrián Elizondo) pidió al juez rechazar ese planteo, porque no estaba contemplado en la ley.
Y el juez adhirió al pedido fiscal, dando paso así a una situación inédita: desde ayer, Montilla seguirá siendo juez en las causas en las que tenga que intervenir, pero a la vez es sospechoso en una investigación penal. La Corte de Justicia ya inició un sumario y hasta se lo puede suspender.