Así como el Gobierno nacional está avanzando en la derogación de resoluciones o normas que, de una u otra forma, obstaculizan el normal crecimiento y desarrollo de las empresas, en nuestra provincia está haciendo falta una acción similar que lleve a las empresas locales a tener un alivio en materia de exigencias, y a que se faciliten los procedimientos para tener una firma comercial al día, sin tantos requisitos y sin obstáculos para su normal funcionamiento.
A nivel nacional suman más de 72 las normas eliminadas que impulsaban un rol estatal intervencionista. Entre ellas hay algunas que estaban en vigencia desde 1990, que obligaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción de venta y existencia para el mercado interno, y ventas al mercado de exportación. También hay otra que desde 2013, por mandato de la Secretaría de Comercio Interior, exigía a los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los CEDIN originados de la Ley 26.860 la inscripción en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción.
Estos son solo ejemplos de normas que obstaculizan la actividad empresarial y que han comenzado a desregularse por iniciativa de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, realizada en colaboración con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, creado especialmente para este objetivo.
Cada una de estas normas, de las cuales hay muchas que se replican a nivel provincial, representan una serie de obstáculos para la instalación, crecimiento y desarrollo de las empresas. Su eliminación reduce la burocracia estatal y simplifica los vínculos entre las empresas y administración pública. Elimina también el control abusivo por parte del Estado de las decisiones comerciales de cada empresa.
En San Juan, el rol intervencionista del estado no se ha reducido en la medida de lo esperado, por lo que está haciendo falta de un proceso de desregulación de las normas que otorgue más oxígeno para que cada una de las actividades empresariales queden liberadas de una serie de imposiciones que lo único que consiguen es desalentar la inversión empresarial, la no generación de fuentes de trabajo y provocar que las empresas no funcionen en la medida de lo esperado, perjudicando en en concreto a la actividad económica general.
Existe la promesa de que se va a avanzar en ese sentido pero transcurrido el primer año de la actual gestión de gobierno, son pocas las señales que hubo en ese sentido y las empresas, como los demás sectores que intervienen en la actividad económica nacional y provincial, siguen afrontando una situación que no es la ideal y que se traduce en más obstáculos administrativos y una burocracia estatal que hace que todo sea más complicado para las pymes, las minipymes y los demás sectores de la producción.