Durante años grupos autodenominados mapuches estuvieron usurpando tierras y atentando contra el patrimonio de los argentinos, ignorando la ley y la autoridad. La solución en su momento, implementada por la anterior gestión de gobierno fue regalarles tierras, entre ellas las pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi.
Ahora, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona anuló ese acuerdo por lo que las fuerzas de seguridad podrán actuar desalojando esas tierras de sus usurpadores y reestableciendo el orden que se había perdido en toda la Patagonia argentina.
En los fundamentos de la medida se ha consignado que desde hace años, grupos autodenominados mapuches vienen tomando por la fuerza tierras públicas y privadas, y lejos de aplicar las sanciones que la ley prevé para estos crímenes, el gobierno anterior optó por regalarles dichas tierras a esos delincuentes. Cada una de esas ocupaciones han sido calificadas de ilegales, después de que los activistas que las realizaron fueron declarados culpables en los procesos judiciales a los que fueron sometidos. También se llegó a la conclusión de que no podían quedarse en esas tierras debido a que los grupos autopercibidos mapuches no pudieron demostrar su ancestralidad.
La anulación de la adjudicación de 180 hectáreas en la localidad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, dispuesta por las anteriores autoridades del Gobierno nacional contiene la sensatez necesaria que debe prevalecer en estas acciones. La medida del Ministerio de Justicia de dejar sin efecto la cesión de esas valiosas tierras a la comunidad “Millalonco Ranquehue” es una acción ejemplar que pone freno al cuestionable plan de ceder importantes y estratégicas superficies a grupos de mapuches que en los últimos años fueron promotores de actos de vandalismo y destrucción en varias zonas del Sur argentino.
La ilegitimidad de que estos terrenos pasasen a mano de la comunidad indígena fue planteada por el Ejército Argentino y el Ministerio Público Fiscal, la primera de ellas institución señera de la organización institucional argentina que desde 1937 ha utilizado estos terrenos para tareas de entrenamiento de los integrantes de la fuerza.
Similar a lo ocurrido en la provincia de Mendoza, cuando el Gobierno nacional intentó hacer entrega, a la misma comunidad mapuche, de unas tierras ubicadas al Sur de la provincia –medida que fue rechazada de plano por las autoridades provinciales y distintos sectores de la comunidad– en esta ocasión el Ejército Argentino y algunos sectores de la comunidad barilochense advirtieron que una jueza había resuelto a través de una sentencia de primera instancia que el Poder Ejecutivo realizara la transferencia de esas tierras cercanas al Instituto Balseiro y al Centro Atómico Bariloche, lugares que en 1950 fueron sedes de artillería.
Una vez más el sentido común ha prevalecido anulando estos acuerdos que hubiesen avalado procedimientos irregulares de sesión de terrenos a grupos sediciosos acostumbrados a utilizar la fuerza para alcanzar sus oscuros propósitos.