Los jueces Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Alberto Pizarro (Tribunal Federal de Apelaciones de Mendoza), confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva que, el 23 de mayo pasado, dictó el magistrado federal local, Leopoldo Rago Gallo, contra cuatro policías de la Agencia Federal Regional Cuyo, dijeron fuentes judiciales. El juez local consideró probadas las sospechas de que simularon un operativo antidrogas, para robarle 20 millones de pesos a un camionero tucumano que iba a Mendoza a comprar verduras, informaron fuentes judiciales.
Ese hecho ocurrió en la madrugada del pasado 24 de abril en el Control Fitosanitario de Vallecito, Caucete. Y tuvo como víctima al chofer de un camión Volvo, Isaías Arce.
Quienes siguen tras las rejas por decisión judicial, son el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito (28), el sargento Gabriel Angel Puca (51), el cabo primero Marcos Horacio Altamirano (36) y el cabo Matías Leonel Vega Ante (33). Según las fuentes, uno de ellos ya planteó un recurso para reclamar ante un tribunal superior.
La investigación había abarcado a otros cinco policías de la misma área, pero luego de revisar sus aparatos electrónicos y sus comunicaciones, se estableció que eran ajenos al caso y fueron desvinculados. Se trata de Renzo Díaz, Emanuel Páez, Kevin Ruiz, Mario Cuello y Marcia Avellá, todos defendidos por el abogado Claudio Vera, precisaron las fuentes.
‘SIMULACIÓN’
Para el juez Leopoldo Rago Gallo, está probado que aquella madrugada, los policías (parte de la brigada de calle de la Agencia Regional) interceptaron al camionero y revisaron lo que traía, con la excusa de que podía ser el ‘puntero’ de un cargamento narco que venía de Salta. En la jerga policial, el ‘puntero’ viaja adelante para avisar de posibles controles policiales a los que vienen detrás con la droga.
Cuando se toparon con el dinero que traía en bolsas de nylon (un total de 31 millones, según el expediente) simularon hacer un acta que le hicieron firmar al chofer. Y también estamparon firmas en los fajos de billetes para darle apariencia de legalidad a ese ‘procedimiento’. Pero solo incautaron 20 millones y le dejaron los otros 11 con el falso argumento de que solo con esa suma estaba autorizado a circular. Y se fueron, sin avisar sus superiores en la Fuerza y menos al juez o a su secretaría penal.
Dos testigos del Control Fitosanitario, pericias sobre geolocalización satelital y otras pruebas, fueron claves para que el magistrado entendiera que los cuatro policías debían ser procesados por robo agravado (por ser en poblado y en banda, y ser funcionarios públicos) y no cumplir con sus deberes. Y que debían seguir presos (fueron detenidos el 26 de abril pasado), ya que, libres, podían fugarse (al cabo de un juicio podrían recibir una condena efectiva) o entorpecer la investigación (se sospecha que cuando Gendarmería los detuvo no entregaron sus verdaderos teléfonos).
Así lo entendieron también los jueces del Tribunal de Apelaciones de Mendoza. Por ahora, los cuatro efectivos involucrados, podrían llegar detenidos al juicio en su contra.