Un total de 121 compras de combustibles para móviles policiales en tres estaciones de servicio YPF, concretadas entre agosto de 2023 y el mes de abril pasado. El monto total de esas operaciones arrojó un saldo de al menos 4,6 millones de pesos y representa un perjuicio para el Estado, por una grave razón: las supuestas cargas nunca se efectuaron en los móviles registrados como destinatarios, porque estaban parados en los talleres de la Policía en Concepción, Capital. Y aunque todavía no trascendió quiénes son los principales implicados, los pesquisas de Delitos Especiales al mando del fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi (con la coordinación del fiscal Francisco Micheltorena), son optimistas en el esclarecimiento del caso: ‘La investigación está bastante avanzada y en cualquier momento pueden producirse novedades’, dijo una fuente judicial ligada a la pesquisa.
El hecho fue denunciado el 27 de abril pasado, cuando se supo de un patrullero al que se le había computado una carga de combustible mientras estuvo en los talleres de la Fuerza.
Aún no trascendió cómo fue la maniobra, porque los vehículos tienen una oblea con un código de seguridad que es escaneado en las estaciones de servicio, vinculado también a un usuario y otras exigencias electrónicas.
Los investigadores no tienen duda de que tal maniobra fue posible porque hubo complicidad de algunos empleados de las estaciones de servicio bajo la lupa. Y no se descarta la participación de terceras personas. Todo indica que la simulación de las ventas, finalmente les dejaba jugosos dividendos económicos a los involucrados.
Un caso calcado ocurrió entre abril y julio del año pasado con movilidades de la Dirección de Turismo. En esa causa hay 7 implicados: el exempleado de esa área del gobierno, Matías López, y los exempleados de la YPF de Rivadavia y Salta, Capital, Gabriel Cabrera, Alejandro Díaz, Hugo Pérez, Walter Rojas, Gabriel Rosales y Leandro Menéndez (con licencia gremial).
Todos están imputados de esa supuesta administración fraudulenta, un delito excarcelable. Una pericia contable encargada por Fiscalía, arrojó un perjuicio de $5.332.139 contra la cuentas del Estado provincial.