Una joven que trabajaba en el Hogar de Ancianos, admitió en un juicio abreviado que se aprovechó de la ventaja de trabajar en ese lugar para apoderarse de las tarjetas de débito de al menos 6 jubilados (en su cuenta de Mercado Pago detectaron que tenía unos 30 plásticos vinculados), para hacer transferencias y compras por un monto de $1.700.000. Los hechos empezaron a ser investigados el 8 de agosto del año pasado en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas que coordina el fiscal, Eduardo Gallastegui, y ayer la imputada, Priscila Lisette Orellano, admitió que cometió esos delitos y terminó condenada a la pena que aceptó en el juicio abreviado acordado a través de su Defensa: 3 años de prisión en suspenso, pena impuesta por la jueza, Flavia Allende.
Inicialmente, la investigación involucró también al padre de esta joven, Gustavo Orellano, quien cumplía funciones como encargado en esa institución y tenía acceso a las tarjetas de los jubilados allí alojados. Sin embargo con el curso de las averiguaciones, Fiscalía no pudo encontrar pruebas certeras sobre la posible relación de este hombre y decidió desligarlo.
La situación de su hija fue muy distinta, porque el rastrillaje informático sobre el destino que habían tenido los dineros extraídos de las cuentas de los jubilados, fue en su propio beneficio, indicaron.