La defensora oficial Sandra Leveque, la secretaria de Cámara Penal, Patricia Katuchin, la fiscal penal Liliana Marinero, una funcionaria judicial a la vez madre de un intendente y la progenitora de un encumbrado funcionario del Gobierno, se cuentan entre las 14 víctimas de esa particular banda de motochorros que, además de sus blancos VIP, se distinguía por otra cualidad: apenas cometían el robo de las carteras de esas mujeres, la arrojaban por la ventanilla de un auto que ‘justo’ en ese instante pasaba por el lugar. Y en una suerte de carrera contrarreloj, buscaban hacer compras, transferencias o sacar préstamos de las tarjetas de crédito o débito que conseguían, antes de que fueran bloqueadas por los damnificados.
Por ahora, los pesquisas de la UFI de Delitos contra la Propiedad que dirigen la fiscal coordinadora, Claudia Salica, y el fiscal Juan Manuel Gálvez, establecieron que hubo 14 ataques con esa modalidad en la zona Oeste de Capital y Rivadavia entre agosto y el último miércoles. Y que con las tarjetas robadas se cometieron al menos 5 fraudes.
Quienes están en la mira por esos ataques, son Enzo Ariel ‘Chonono’ Sánchez, un sujeto con múltiples antecedentes que el pasado 7 de julio violó su régimen de salidas de la cárcel. Y su hermano por parte de madre, Santiago Agustín Valdez, dueño del auto utilizado en los robos, indicaron.
Ambos cayeron en la madrugada del jueves en una casa del Barrio Natania 65, Rivadavia. Otros dos implicados son Oscar Matías Cortez y Lucas Exequiel Araoz, también detenidos el jueves en Chimbas.
Según Fiscalía, todos están complicados por imágenes de cámaras de seguridad, el secuestro del auto, las motos o la ropa que usaron en los ataques, 7 posnet usados para operar con las tarjetas robadas, la constancia de las operaciones con esos plásticos. Y evidencias más comprometedoras, como parte de las cosas robadas, entre las que se incluyen carteras, teléfonos y una funda comprada en España por la madre del funcionario del Gobierno, indicaron fuentes judiciales.
Ayer, Fiscalía le pidió al juez una prórroga de 72 horas en la detención de los sospechosos, para poder ordenar y recabar los datos de todas las causas desperdigadas en distintas denuncias, y así establecer con precisión qué hechos atribuir a los detenidos y qué delitos configuraron esas maniobras, que podrían ser más de 14 y tener otros implicados. De hecho, hay un prófugo de apellido Ontiveros.
El defensor oficial de Cortez, Alejandro Martín García, no se opuso a esa prórroga. Alejandro Castán, defensor de Valdez, pidió su libertad con el argumento de que no tiene antecedentes y que, pesar de ser titular del auto, no participó en los arrebatos.
El juez Andrés Abelín adhirió por completo al pedido de Fiscalía.