Horas de tensión e incertidumbre se viven dentro y fuera de la embajada argentina en Caracas, Venezuela, que sufre el asedio de militantes chavistas y de agentes de inteligencia de la policía bolivariana en medio de otra fuerte embestida política del dictador Nicolás Maduro.
La escalada de la crisis saltó ayer cuando Maduro revocó a Brasil una autorización para representar los intereses argentinos en el país, incluida la gestión de la embajada y la residencia diplomática donde se refugian seis opositores, a quienes acusó de planear actividades terroristas, entre ellas una supuesta trama para asesinar a Maduro.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva ya avisó que no acatará la medida del régimen hasta que otro país se convierta en garante con la venia de Buenos Aires y Caracas. Esto, mete más presión a la crisis diplomática.
El viernes la Cancillería argentina había pedido a la Corte Penal Internacional la detención de Maduro y esto habría sido el disparador de la embestida del dictador.
La decisión de poner contra las cuerdas a los ocupantes de la embajada argentina -que hace unos 40 días se vio forzada a desalojar a su personal y dejar el edificio bajo la tutela de Brasil- se produce después de que Venezuela rompió relaciones con Argentina tras su controvertida elección presidencial del 28 de julio. Brasil, al igual que Colombia y México, ha pedido al gobierno venezolano la publicación de los resultados completos de la votación.
Hasta ahora, las autoridades electorales no lo han hecho y, en cambio, Maduro fue proclamado ganador de la reelección para un tercer mandato.
“Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el presidente”, afirmó el Gobierno, sin explicar detalles. El régimen ha acusado a Magalli Meda, la mano derecha de la líder opositora María Corina Machado, y al resto de los colaboradores asilados en el inmueble, de supuestamente aprovecharse de esa figura diplomática para tramar contra la gestión de Maduro.
Por su parte, Argentina cuestionó duramente la medida y avisó: “Cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado por la comunidad internacional”, dijo la cancillería. “Acciones como estas refuerzan el convencimiento de que en la Venezuela de Maduro no se respetan los derechos fundamentales”, agregó.