Aquella noche, su depresión y otros problemas psiquiátricos que mitiga y controla con psicofármacos, la habían llevado a tomar una decisión riesgosa: duplicar la dosis de pastillas que ingería para poder pasar una noche tranquila. Pero ese efecto estuvo lejos de conseguirlo. Es que a eso de las 3 de la mañana y en todo lo dopada que estaba, empezó a sentir que la manoseaban, que le sacaban la ropa y, lo peor, que la violaban. Como pudo abrió los ojos y entonces no pudo creer lo que veía: su propio padre, sobre ella, sometiéndola. ¡¿Qué haces?!, interrogó, molesta, empujándolo y sacándoselo de encima. Entonces él partió con su ropa hasta la cocina. Allí se vistió y allí se quedó. Ella también se vistió y salió a buscarlo, tratando de entender el porqué de ese ataque ocurrido en las narices de los tres pequeños hijos de ella, que también dormían. ‘¿No sé que me pasó, se me metió el diablo en la cabeza?’, fue la explicación que intentó él. Luego de escucharlo, la joven partió como pudo hacia la casa de su hermana que vive a los pocos metros y allí le recomendaron denunciar. Esa misma madrugada partió a pie hacia la comisaría, seguida por su padre, que le rogaba dejar todo como estaba. Las súplicas de ese hombre de 57 años parecieron surtir efecto, porque la joven retornó hacia la casa que compartía con él, pero en el curso del mismo día, ya más recompuesta, se animó a poner la denuncia.
Todo pasó el 31 de enero pasado en la casa donde vivían el imputado, su hija y sus nietos, en 25 de Mayo. Al saber que sería denunciado, él se mantuvo en la clandestinidad. Alrededor de cinco veces cayeron a buscarlo, sin éxito, los policías de la UFI CAVIG que dirigen el fiscal coordinador, Roberto Ginsberg, y la ayudante fiscal Virginia Pérez. Y fue recién el último martes que pudieron capturarlo: en sus días de prófugo, envió mensajes a su hija, despidiéndose, algo que llevó a pensar que podría quitarse la vida, pero eso no ocurrió.
Ayer, el sospechoso (defendido por Rodrigo Palacios) nada dijo cuando la jueza de Garantías, Flavia Allende, le consultó si tenía algo para decir a su favor. A renglón seguido, la magistrada adhirió al planteo de Fiscalía, le imputó el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado (el delito tiene penas de entre 8 y 20 años), lo dejó con prisión preventiva por 6 meses y ordenó que se hiciera un cotejo de ADN entre los restos genéticos extraídos de la denunciante con muestras del sospechoso. El resultado de ese estudio, es clave para la suerte del changarín imputado.