La audiencia final en la que se decidirá cuándo pasará a juicio la causa contra los tres imputados de cometer peculado, estafas y otros delitos con los ‘alquileres ilegales’ de canchas, espacios para estacionar y otros servicios en el Centro de Educación Física N°20 (CEF 20, más conocido como ‘La Granja’) deberá esperar. Es que el fiscal de Impugnación, Fabrizio Médici, llegará a la Corte de Justicia con su pedido para que se rechace un reclamo de la defensa de unos de los imputados, que pretende desligarse del escandaloso caso con una probation, es decir con la suspensión de su juicio, mientras se somete a tareas comunitarias y otras reglas de conducta y realiza un pago simbólico por el daño causado (unos $250.000).
Ese imputado es Mario César Sanz. Durante la audiencia de control de acusación, pidió este beneficio, igual que otro de los involucrados, es el exdirector del CEF N°20, Daniel Samat. El restante implicado es el también exfuncionario, Miguel Jofré, pidió ser desvinculado con un sobreseimiento.
Entonces el fiscal Francisco Micheltorena (UFI de Delitos Especiales) y los representantes de Fiscalía de Estado, con Claudio Herrera a la cabeza, se opusieron. Ambos pretenden que todos los imputados vayan a juicio y sean condenados a 5 años de prisión efectiva más la inhabilitación absoluta perpetua.
La jueza de Garantías, Gema Guerrero, rechazó los pedidos de los defensores. También les negó la posibilidad de apelar, porque considera que en esta instancia (la audiencia de control de acusación) no lo permite la ley procesal y, porque además, los imputados no vieron violentados ninguno de sus derechos.
Fue entonces que la defensora de Sanz, Marisel Sanz, insistió ante una instancia superior, el Tribunal de Impugnación, donde presentó una ‘queja por denegación de recurso’. Su argumento fue que se vulneraban derechos de su defendido y que sus planteos no eran parte de la audiencia de control de acusación, sino previos.
El juez de Impugnación, Benedicto Correa, aceptó la queja. Con la expresa aclaración de que se le debía haber concedido la apelación a la Defensa, porque si no se ‘tornaría ilusorio’ el derecho a impugnar, y porque se estaba ante una situación (el pedido de probation) que el máximo tribunal del país los equipara a efectos definitivos para el imputado, que deben ser tratados antes de que la causa llegue a juicio.
Fue esa decisión la que provocó el reclamo del fiscal de Impugnación, Fabrizio Médici, para ir hasta la Corte de Justicia. Según el fiscal, el reclamo de la Defensa nunca debió salir de la audiencia de control de acusación, pues un fallo de la Corte de Justicia local establece que en esas audiencias solo cabe un recurso de revocatoria, es decir, un reclamo para que la propia jueza reconsidere la petición y evalúe si corresponde o desistir de su decisión.