La supervisora del Centro de Educación Física, CEF N°20 (más conocido como La Granja), Sandra Vilanova, fue desligada ayer con un sobreseimiento -como anticipó este diario- de un caso resonante: el alquiler de las canchas, un lugar para estacionar más de 80 vehículos y otros bienes situados en un predio de 7,5 hectáreas, por los que no se debía exigir ningún dinero a cambio, por su carácter público y gratuito. El fiscal coordinador, Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal, César Recio (UFI de Delitos Especiales), sospecharon en principio que, al menos entre el 1 de enero de 2019 y 18 de marzo de 2022, Vilanova pudo tener algún tipo de complicidad con dos exdirectivos de ese centro, Daniel Domingo Samat y José Miguel Jofré, y el presidente de la Asociación Cooperadora, Mario César Sanz, en los delitos de peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pero de las pruebas se desprendió que no era así y que, luego de la denuncia de Walter Vicentela, Vilanova incluso prohibió que se siguiera cobrando alquileres a alumnos, aspirantes a ingresar a Educación Física, deportistas y clubes, entre otras personas.
Así, el entrecruzamiento de información bancaria no arrojó nada de la supuesta vinculación de Vilanova, quien, en realidad, cumplía funciones pedagógicas en el lugar, pero no administrativas o ligadas al manejo de fondos.
La prueba clave para que despegara surgió de la escuchas telefónicas solicitadas por Fiscalía. De esas intervenciones, tampoco surgió algún tipo de complicidad de la docente. Por eso fue que ayer, la jueza Gema Guerrero la sobreseyó, previo a conocer que no se oponían a esa salida los abogados de Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira, como tampoco los defensores, Agustín Idemi y Andrés Troche.
Fiscalía mantiene intactas las sospechas contra los otros tres imputados, para quienes pretende una condena de 5 años e inhabilitación.
Por ahora, esa intención está en suspenso porque la Defensa de los implicados planteó nulidades. Y podría llegar con su reclamo a la Corte de Justicia, porque ya recibieron un revés en un Tribunal de Impugnación.
Al declarar, Jofré confirmó la teoría de Fiscalía pues admitió que cobraban alquileres, porque era una práctica usual en el CEF al menos desde 2001. Y reconoció que el dinero conseguido era canalizado a través de la cooperadora, para el mantenimiento del lugar, porque no recibían dinero oficial.
Sin embargo Fiscalía consideró que eso no era así, porque el Ministerio de Educación y también la Secretaría de Deportes (con la que había un convenio) destinaban partidas presupuestarias para el predio. Y que incluso el municipio de Santa Lucía colaboraba con la limpieza del lugar.
Para Fiscalía hubo delito, porque no había autorización de Educación u otro organismo, para alquilar bienes en desmedro de sus beneficiarios, como los alumnos, que quedaban desplazados del uso de las canchas por la prioridad que se daba a los que pagaban alquiler.