Lo que se vivió el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso Nacional, en momentos que era tratada por el Senado la Ley Bases, es lo más parecido a un golpe de Estado o a la acción de grupos terroristas interesados en alterar el orden público con el solo fin de impedir la sanción de una ley que desde hacía seis meses venía siendo reclamada por el Ejecutivo nacional.
Hablamos de acciones golpistas porque estos grupos sediciosos intentaron generar conmoción de manera que el Poder Legislativo no pudiera sesionar normalmente y tuviera que interrumpir una reunión en la que, precisamente, se tocaba un tema de fundamental importancia para el Ejecutivo. Es decir que se estaban oponiendo al normal ejercicio del sistema republicano utilizando la violencia como método de acción directa y coercitiva contra los que no piensan como ellos o los que no comparten sus mismos ideales.
El método terrorista empleado en esta ocasión quedó de manifiesto con las piedras arrojadas por grupos violentos de manifestantes infiltrados entre la gente que había ido a protestar; las bombas molotov con las que iban provistos con el propósito de provocar incendios en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y, lo que es más repudiable, la decidida acción de destruir el espacio público en la Plaza del Congreso -una de las zonas más visitada y cuidada de la metrópoli- y dar vuelta e incendiar automóviles, en uno de los cuadros más dantescos que se ofrecieron no solo dentro del país, sino también al exterior donde hay millones de personas observando el comportamiento argentino.
Acá cabe reflexionar de que la situación no llegó a un extremo, -en que se podrían haber producido miles de heridos y muertos-, de no haber actuado a tiempo las fuerzas de seguridad, que pudieron contener a los sediciosos y hacer que las cosas no pasaran a mayores.
Todas estas acciones no pueden quedar impunes ni tampoco en el olvido. De una vez por todas es necesario que se identifique a cada uno de los autores de este despreciable accionar y se los obligue a pagar los daños materiales y morales, los primeros estimados por el Gobierno de Buenos Aires en más de 278 millones de pesos. Se habla de veredas rotas, cordones, contenedores, tachos de basura, luminarias, bicicletas, bancos de plazas rotos y grafitis, lo que da una idea de cómo esta horda de salvajes arrasó con todo lo que encontró a su paso con el solo objetivo de generar el mayor disturbio posible.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de las distintas fuerzas dispone de los medios para localizar y determinar culpables, lo que debe llevar a que se los individualice y se los haga pagar, como una medida ejemplificadora tendiente a evitar que sigan ocurriendo estos hechos cada vez que en el Congreso se tenga que debatir alguna legislación controvertida.
No se pueden seguir tolerando estos atropellos en nombre del derecho a manifestarse, porque lo ocurrido el miércoles no ha sido una simple manifestación popular, sino una acción orquestada por grupos antidemocráticos que quieren hacer valer su voluntad e impedir el normal ejercicio de las instituciones de la República.