La obra social del Gobierno de Chubut, Seros, afronta una complicada situación tras la orden dictada por el juez Santiago Martín Huaiquil de cubrir una costosa cirugía estética de feminización integral, que la coloca en un apriete financiero al tener esta intervención quirúrgica un costo varias veces superior al más caro de los de tratamiento oncológico que pueda cubrir este sistema de salud.

La situación que se debate entre lo económico y lo ético, ha hecho que al juez interviniente en la causa se lo considere ‘demagogo, irresponsable e ignorante” y que se diga que se trata de un ‘juez ideologizado y populista” proclive a causar el colapso de la obra social con su decisión de autorizar procedimientos estéticos que no son de primera necesidad y que no responden a casos de vida o muerte.

La cirugía de feminización o cirugía para la reasignación de sexo, es un procedimiento con el que se pretende hacer concordar mejor la identidad de género y el cuerpo de una persona, algo que no siempre se consigue lo que pone en duda la conveniencia de este tipo de cirugías. Desde lo económico se trata de intervenciones médicas muy caras que no deberían ser afrontadas por el Estado en ninguno de sus estamentos, ni el provincial ni el nacional. Desde lo ético, se trata de procedimientos mediante los cuales se interviene en la identificación de género, un aspecto sobre el que se ha polemizado mucho llegándose a la conclusión de que no es conveniente alentar estas posibilidades que atentan contra la identidad de las personas en el sentido de que se pierde el sentido de la diferenciación de género.

El fallo del juez Huaiquil obliga a la obra social estatal a cubrir diversos procedimientos estéticos, entre los que se incluyen feminización facial, rinopolastia, blefaroplastia, pexia de cejas, cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbulas y transferencia de grasa facial, además de la cobertura sanatorial y los honorarios médicos.

Las expresiones del gobernador de Chubut, Ignacio Torre, de que denunciará al juez por su fallo que va en contra el sistema de salud de los empleados estatales de la provincia están en sintonía con lo absurdo de la situación. No se puede permitir que se sigan autorizando este tipo de intervenciones, cuando hay problemas de salud mucho más graves y urgentes.

La diferenciación de géneros, si bien puede ser un tema preocupante para algunos sectores, a la mayoría de la gente no le incumbe ya que se considera que estar pensando en un cambio de sexo es algo demasiado íntimo y de carácter privado que no debe trascender ni ser abordado por el sector público, y menos por el sistema de obras sociales del sector público.