Dentro de la reforma impositiva que planea a corto plazo el Gobierno nacional, existe la posibilidad de restablecer el impuesto a la herencia, un tributo que genera mucha inquietud en determinados sectores de la sociedad, al ser inoportuna su implementación, de acuerdo a la actual estructura tributaria que tiene el país. Este impuesto rigió en la Argentina hasta 1976, en que empezó a ser reemplazarlo por diversos impuestos patrimoniales, que ofrecían una mayor eficiencia.

Si bien en ámbitos gubernamentales se ha dicho que la posibilidad de restablecer este impuesto no figura en la agenda oficial se sabe que existe la intensión de instalar el debate sobre la conveniencia de comenzar a gravar nuevamente a las herencias, como una forma de estar a la vanguardia en materia impositiva, al ser un impuesto propio de las naciones más desarrolladas.

En coincidencia con lo que opinan muchos especialistas en asuntos tributarios, su implementación no debe hacerse bajo ningún término, ni siquiera en un futuro próximo ya que faltan condiciones para que el país esté preparado para suplantar impuestos en busca de contar con una estructura tributaria más eficiente. Para esto, primero hay que concretar otras tareas más urgentes y necesarias como la reforma integral del sistema tributario, que incluya una baja de la presión fiscal y de la inflación que distorsiona ese sistema. La puesta en vigencia del impuesto a las herencias puede hacer que un individuo invierta sin problemas durante toda su vida sabiendo que no le van a cobrar un impuesto a su patrimonio, pero dejando el problema para los herederos.

Por otra parte, para que este impuesto tenga alguna razonabilidad, debería tener un mínimo muy alto como ocurre en EEUU, donde alcanza el medio millón de dólares. En Buenos Aires y Entre Ríos, únicos estados que desde siempre han contado con el impuesto a la herencia, el mínimo es de U$S 14.000, lo que afecta a personas que no son de una gran fortuna.

La orientación tributaria a futuro de la Argentina debería apuntar netamente a establecer una estructura más progresista, basada en patrimonios y en los ingresos, y no en los bienes que puedan pasar de una generación a otra. Es legítimo dejar de acosar a los contribuyentes gravando lo que a otros les ha constado una vida crear.