En el Ministerio de Salud cocinan en estos momentos un proyecto de ley que piensan mandar próximamente a la Cámara de Diputados, después de la última revisión que se hará en Paula y Libertador. La iniciativa dispone cambios estructurales para intentar hacer más efectivo el sistema que se aplica para que los hospitales públicos les cobren a las obras sociales cada vez que atienden a sus afiliados. Entre otras cosas, la puesta en marcha de nuevos procedimientos administrativos y un aumento en el valor de las prestaciones médicas que, históricamente, vienen desfasadas en comparación al sector privado. La expectativa oficial es triplicar la facturación a partir del segundo semestre de este año.
El llamado recupero de costos está fijado por ley y consiste en que las obras sociales y prepagas le abonen al Estado por la atención médica de sus afiliados, igual que lo hacen en la parte privada. Para la provincia es clave, porque implica un monto de miles de millones de pesos al año que va destinado a la compra de equipamiento, el pago de un plus para los trabajadores y capacitación. Aunque el nivel de ingresos ha venido mejorando en los últimos años, el sistema sigue sin ser lo suficientemente efectivo. Por fallas propias y picardías de las obras sociales, en Salud Pública sostienen que hay muchas prestaciones a personas con cobertura médica que no son facturadas ni cobradas.
La administración de Marcelo Orrego busca aprovechar una disposición que la Nación dictó en febrero, poniéndole fin al viejo régimen que se utilizaba desde que las obras sociales y prepagas le deben pagar a hospitales y centros de salud públicos. Por decreto, eliminó la intervención e intermediación de la Superintendencia de Salud en la cadena de cobro y así, abrió la puerta para que las provincias fijen un mecanismo propio y les facturen directamente a las prestadoras de salud.
El proyecto en el que trabaja la cartera que dirige Amilcar Dobladez modifica la ley 714 S, que es la que versa sobre el recupero de costos. Así, la provincia obtendría la base legal que necesita para cobrar sin la participación de la autoridad regulatoria nacional.
Junto a la reforma legislativa, Salud busca implementar procedimientos administrativos más ágiles que optimicen la registración de los pacientes con obra social y el cobro, incrementar la cantidad de centros de salud con sistema de recupero de costos y fijar un mecanismo de actualización permanente del valor de las prestaciones. Esto último es vital.
Actualmente, el costo de las prácticas médicas (partos, internaciones, análisis, estudios, etc.) en el sector público lo establece la Superintendencia de Salud y es entre un 40 y un 60% menos de lo que esas mismas prestaciones cuestan en los sanatorios y clínicas privadas. Es decir, es más barato atenderse en los centros del Estado.
Para saldar la diferencia, en el Ejecutivo provincial barajan crear nomencladores propios (define qué tipo de prestación es y su precio) y equipararlos a los que tiene la Obra Social Provincia (OSP) para pagarles a sus prestadores privados. De esta forma, ya no tendría razón de ser la vieja práctica de obras sociales sindicales de derivar afiliados al sistema público para con el solo objetivo de ahorrar plata.
Esa maniobra de los responsables de las sindicales no hace otra cosa que ayudar a la saturación de los nosocomios. La demanda viene en ascenso y pone en peligro la capacidad de respuesta para los sanjuaninos sin cobertura y más vulnerables. Un ejemplo: las personas con obra social que se atendieron en el Rawson hasta diciembre representaron 40% del total y ahora, cinco meses después, crisis mediante, la cifra subió a cerca del 45%.
En el semestre septiembre 2023-febrero de 2024, el recupero de costos fue de algo más de 1.500 millones de pesos, contando el Hospital Rawson, el Marcial Quiroga y nivel central (incluye al resto de los centros de salud). Una suma muy jugosa para las arcas estatales, más aún cuando Salud Pública se ha visto obligada a ocupar parte de su propio presupuesto a sostener, al menos, tres programas que dejó de financiar la Nación, entre ellos Incluir Salud, destinado a darle cobertura médica y de medicamentos a miles de sanjuaninos con discapacidades.
En un contexto inédito de inflación, el tiempo vale oro. Bajo el formato anterior, la Superintendencia de Salud liberaba los pagos entre 4 y 6 meses después y la provincia perdía poder adquisitivo. Con el nuevo sistema, si es que es aprobado en Diputados, al tratar directamente con las obras sociales, la gestión orreguista apuesta a acelerar los desembolsos y tener disponibles los recursos mucho antes.
“Ayudaría a descomprimir el hospital público. Los que tienen cobertura se deben atender siempre en el sector privado”.Amilcar Dobladez – Ministro de Salud
Otra pata que ayudaría a que el sistema sea más efectivo es la cantidad de centros de salud que cuentan con el mecanismo administrativo para recuperar costos. De acuerdo a los registros de mediados del año pasado, lo hacen 50 de los más de 150 que hay bajo la órbita de Salud Pública y la intención es ir aumentando ese número paulatinamente.
En Diputados, el oficialismo es minoría y necesita de alianzas para que prosperen las iniciativas que llegan desde el Ejecutivo. En la bancada mayoritaria, la del peronismo, adelantaron que tienen voluntad de acompañar, pero advirtieron que todavía no están al tanto del proyecto.
Los términos de la iniciativa fueron analizados esta semana por abogados de la Fiscalía de Estado y ahora resta la revisión por parte del Gobernador como filtro final antes de ser presentada en el palacio de Libertador y Las Heras. El organismo que se encarga de defender el patrimonio de la provincia jugaría un papel fundamental, debido a que, de ser necesario, está llamado a ser quien demande a las obras sociales que eventualmente no cumplan con el pago por la atención.
Dobladez se mostró confiado en que los diputados darán el OK, sobre todo porque la única salida para seguir cobrándoles a las obras sociales es que la provincia tenga un régimen propio. De lo contrario, se quedaría con las manos vacías. Si es aprobado, aseguró que lo pondrán en marcha de inmediato y se animó a pronosticar que se debería triplicar la cantidad de prestaciones facturadas.
Cifra
495 millones de pesos recaudados en el periodo septiembre-febrero se destinaron a la compra de insumos y aparatología de salud.