El próximo 31 de julio habrá audiencia del EPRE para definir las tarifas del segundo semestre del año. Será una reunión atípica, con nueva dirigencia de Naturgy, la ex Energía San Juan, y en un contexto económico que marcará la diferencia. Entre los puntos que tratarán habrá una solicitud que nunca antes había hecho una distribuidora: emitir obligaciones negociables, lo que también se conoce como bonos de deuda. Quieren hacerlo como forma de financiamiento para, por ejemplo, poder construir nueva infraestructura. Además, con la inflación desacelerada y un cuadro que llegó equilibrado para las empresas a mayo.Esto hará que inicien la negociación sin subas pendientes, algo que no sucedía desde 2020, cuando a mitad de año decidieron no tocar los precios, algo que no descartan que vuelva a suceder ahora.
La convocatoria para revisar el cuadro tarifario será el contexto de las reuniones, pero también el centro de la discusión. El EPRE debe ajustar con las dos distribuidoras uno de los costos que componen la tarifa, que es el que está asociado a las distribuidoras. La última vez que se hizo fue en enero, días después de la devaluación que hizo el gobierno de Javier Milei que empujó la inflación al 25% en diciembre. También encareció los costos de las empresas de energía entre un 100 y 150%.
De ahí el contraste entre ese momento y lo que deberán definir ahora. Mientras los aumentos de precio en ese momento habían escalado a niveles históricos y no se sabía cuándo y si iba a ser posible desacelerarlos, en la actualidad estos valores parecen estar estabilizados. Incluso, las subas que programaron en ese momento eran para compensar una fuerte caída en la recaudación de las distribuidoras y también anticipando las futuras. Para evitar una suba que superaba el 80% de una sola vez, el EPRE decidió en ese momento hacerlo en cuotas, en lo que llamó un sendero de aumentos. Finalmente los pronósticos más graves no se cumplieron y parte del incremento quedó congelado, ya que en mayo las autoridades consideraron que Naturgy y Decsa estaban cobrando lo justo y no hacía falta implementar la última cuota, que era de un 8% de aumento.
Por eso es que la nueva reunión se parecerá más a la que hubo en julio, en pleno proceso de la pandemia, cuando también se desaceleraron las subas de precio. Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, recordó que en ese momento no fue necesario aplicar una actualización. Para que esto suceda nuevamente, el cuadro tarifario debería seguir supliendo la necesidad de las distribuidoras de cubrir los costos. El funcionario dijo que esto se definirá una vez que tengan los cálculos en la mano de cuánto necesitan las empresas. Recordó también que “es tan ilegal que las empresas cobren por debajo de lo que necesitan como si lo hacen por encima”.
Este nuevo clima permitirá también abrir la discusión a una novedad en la provincia: que una empresa distribuidora emita bonos para su financiamiento. Ferrero adelantó que esta es la intención de Naturgy, nueva empresa a cargo de lo que antes era Energía San Juan. Los nuevos encargados solicitaron generar obligaciones negociables, que equivalen a deuda, que podrán a disposición de compradores para tener mayor liquidez. Esto es algo que nunca antes una firma local hizo, pero que sí tiene un antecedente en el país: Edenor, de Buenos Aires, tiene también sus propios bonos.
Esta maniobra le permitiría a la empresa tener más fondos a disposición en caso de que quiera, por ejemplo, comprar nuevo equipamiento o hacer el uso que prefiera, sin necesidad de recurrir a un préstamo bancario. Pero, antes de poder hacerlo, deberá ser autorizado por el EPRE, ya que la entidad es la que tiene la última palabra. Ferrero no adelantó la postura que tomará la institución o si, por ejemplo, pueden condicionar el tipo de uso que se le pueden dar a los fondos. Sí dijo que lo analizarán una vez que tengan la propuesta completa de la nueva gerencia.
Semestre movido
La primera mitad del año se caracterizó por volatilidad en la economía, lo que impactó directamente en el cuadro de costos de energía. El valor dentro de la factura es uno de los componentes, ya que el costo del kW7h se define en Nación. Pero, de la parte que sí corresponde a San Juan, hubo cambios en lo planteado durante la primera audiencia, en enero. Uno de estos puntos fue el uso de los fondos de multas, con los que iban a contener la tarifa. Si bien una parte no se usó por completo para este fin, porque la inflación bajó, sí fue necesaria una parte para compensar los salarios de la distribuidora.