El director del , llevó tranquilidad este lunes a los trabajadores del organismo, así como a los productores que son usuarios de la entidad, al afirmar que no están en peligro los bienes que pertenecen a la institución en la zona de Cuyo. Así lo afirmó en declaraciones en Radio Nihuil al ser consultado por el Programa de Modernización que anunció el gobierno del presidente Javier Milei.

Hace una semana, el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que implementará un plan para “modernizar” el INTA, que incluirá la venta del edificio del organismo en Palermo (Buenos Aires), otra sede en Salta y tierras en todos el país que están “sub-utilizadas”, y un recorte de personal que podría alcanzar a 1.700 puestos de trabajo en los próximos meses.

“Quiero llevar tranquilidad que no están en juego las extensiones del INTA que tenemos, ni en Mendoza ni en San Juan, que es donde están las estaciones experimentales, en Pocito, San Rafael, en La Consulta, Luján y Junín”, recalcó el ingeniero agagrónomo

Y destacó: “Sí ha habido una propuesta del gobierno nacional y de los representantes del gobierno en el INTA que implica una racionalización del uso de las tierras que tiene el organismo y racionalización del personal. Pero no fue aprobada por el Consejo. Esto ocurrió la semana pasada”. Por el momento, se dio un plazo de 75 días para analizar la propuesta que se trató en el Consejo, aclaró el funcionario.

Galmarini negó las acusaciones contra el INTA
El titular del INTA rechazó de plano las acusaciones que esgrimió Adorni sobre el uso de estas entidades para el financiamiento de la vieja política. “El INTA es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior, con temas como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar. El 50% de sus 6.852 empleados fueron nombrados durante los gobiernos de Cristina Fernández entre 2007 y 2015″, había advertido Adorni al momento de hacer el anuncio de la modernización.

En contraste con estas acusaciones, Galmarini resaltó que los cargos de la entidad son por concurso y que a lo largo de los años aumentaron las demandas de la población en asesoramiento técnico, fundamentalmente en agricultura familiar y consultoría para la producción agropecuaria.

“Es cierto que en los últimos años se le dio un gran impulso a la economía familiar y el 70% de nuestros productos son familiares. El INTA desde su creación trabajó para ellos. Y si bien hubo algunas iniciativas que tuvieron que ver con los pueblos originarios, no llegan ni al 2% de lo que hacemos”, argumentó.

El especialista defendió a la entidad en sus 70 años de trayectoria y afirmó: “Siempre hemos trabajado en la sostenibilidad para el productor, económica y ahora ambiental; con la crisis hídrica que estamos teniendo hace muchos años, bajo el objetivo de hacer más eficiente su trabajo”.