Según una nota publicada por diario Los Andes, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) atraviesa un período de incertidumbre tras la segunda reunión de su directorio con el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, y los ministros de Producción de Mendoza y San Juan. Los encuentros, realizados en las oficinas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), han revelado una intención clara del Ejecutivo: desfinanciar la entidad que regula la estrategia vitivinícola del país.
El primer encuentro dejó un sabor amargo entre los asistentes. Según trascendidos, el Gobierno nacional presentó una propuesta que generó polémica y fue reafirmada en la reunión del jueves, donde participaron actores del sector público y privado. Fuentes cercanas al encuentro indicaron que «la intención del Ejecutivo es clara: desfinanciar la Coviar, porque la consideran un ‘peaje’. Para ello, evalúan estrategias que incluyen desde la derogación de la Ley 25.849, mediante el Congreso, hasta la emisión de un decreto presidencial».
El Gobierno no solo planteó un ultimátum, sino que también dejó en evidencia las divisiones dentro de la Coviar. Mientras algunos miembros rechazan la idea de reabrir el debate, otros sectores, vinculados al comercio exterior, trabajan en propuestas para reestructurar el organismo. Los alineados con la política del presidente Javier Milei abogan por redirigir los aportes voluntarios exclusivamente hacia la promoción internacional del vino, dejando de lado el mercado interno.
El eje gubernamental está en potenciar las exportaciones de economías regionales como herramienta clave para generar divisas. Este enfoque pone a la Coviar frente al desafío de evolucionar hacia un organismo que representa integralmente a todos los sectores de la vitivinicultura, tal como lo planteaba su propósito inicial. “Es imprescindible construir una mesa inclusiva que represente a cooperativistas, multinacionales, productores locales, grandes y pequeños”, afirmaron fuentes del sector.
Por su parte, Juan Pazo cuestionó la continuidad de la ley que dio origen a la Coviar y sugirió convertir las contribuciones obligatorias en voluntarias. También puso en tela de juicio los resultados del PEVI 2020 (Plan Estratégico Vitivinícola), lo que dejó abierta la puerta a una posible reestructuración.
Mario González, presidente de la Coviar, minimizó las declaraciones de Pazo y destacó el apoyo que la corporación ha recibido de figuras como la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en el Desayuno de este año la calificó como un ejemplo de integración público-privada. González también subrayó que las unidades ejecutoras de la Coviar trabajan en conjunto con el gobierno nacional.
El futuro de la Coviar depende de los consensos que se logren en las próximas semanas, en un contexto de tensiones y posibles cambios que podrían redefinir el rumbo de la vitivinicultura argentina.