San Juan tiene el potencial de ser uno de los principales productores de energía y minería del país. Pero estos dos sectores enfrentan un problema histórico: las líneas de alta tensión están al límite de su capacidad. Cualquier avance requiere de una inversión de millones de dólares y el Estado no puede hacerlo. Hasta ahora dos privados se ofrecieron a construir parte de esta infraestructura: Josemaría con una línea de 500 kV e YPF con una estación transformadora. Restaba todavía un tramo que parecía no tener interesados, que debe llevar energía de Iglesia a La Rioja. Ahora, Minas Argentinas anunció que tiene interés en hacerse cargo de la construcción a través del RIGI, lo que cerraría finalmente el anillo energético provincial.
Si se concretan las inversiones anunciadas, el beneficio será general, ya que lo proyectado se convertirá en parte del sistema público. Esto permitiría instalar más industrias en zonas que hoy no tienen la capacidad energética. Si se suman generadores, esto le daría estabilidad a la red de todo el país, que este verano podría tener cortes por baja producción. A la vez, al haber más conexiones, el sistema se vuelve más estable, evitando cortes masivos de energía y logrando que San Juan no dependa de sólo una línea.
Todo esto se explica porque el sistema eléctrico tiene tres grandes jugadores, que deben estar en equilibrio: los generadores, el sistema de transporte y los consumidores. Si hay mucha producción de energía, pero no cómo trasladarla, el sistema falla. Lo mismo sucede si hay grandes consumidores, pero no tienen proveedores o líneas. Además, un sistema es robusto y evita problemas si tiene más de un ingreso y egreso de energía.
Este equilibrio está al límite en San Juan, que está cerca de su techo eléctrico. Crecieron los generadores, con la energía fotovoltaica, pero al norte de Rodeo, porque no hay infraestructura eléctrica. En la actualidad los grandes consumidores tienen suficiente energía, pero están cerca del límite y esto desalienta nuevas inversiones. Además, sólo hay una conexión de la provincia con el resto del país, a través de Mendoza, y sin respaldo un fallo en el sur desconectaría a San Juan.
Desde hace años que en la provincia se busca alternativas para solucionar las deficiencias del sistema de transporte de energía, que se traduce en un techo productivo. El freno es el presupuesto, porque las líneas y estaciones transformadoras de alta tensión cuestan varios millones de dólares. Las líneas de alta tensión son parte del Sistema Interconectado Nacional (SADI), pero desde el gobierno central no llegan fondos y con la nueva gestión, es menos probable.
La solución a este problema podría llegar desde el sector privado, al que hoy le urgen soluciones. El último anuncio al respecto fue de Minas Argentinas, que en su objetivo de poner Gualcamayo a sacar mineral otra vez incluyó la última pieza del rompecabezas. Se trata del tramo de línea que une San Juan con La Rioja. La empresa tiene pensado presentarse en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones con un proyecto de una línea de 500 KV desde Chaparro a Villa Unión.
Tanto el EPRE como la hoy Secretaría de Energía de la Nación tienen proyectos más o menos detallados para hacer esta obra. Al igual que pasó con Josemaría, Gualcamayo podría utilizar parte de lo que ya se estudió en varias oportunidades, adaptarlo a sus necesidades, pero siempre respetando el fin público. En el caso de la mina de Lundin, hubo un acuerdo entre el Estado y la empresa para llevar hasta Chaparro la última estación transformadora de 500 KV, haciendo el trazado útil para ambos. Para la minera, esta línea es indispensable para avanzar en un proyecto fotovoltaico de 800 MW con el que planea vender energía al sistema.
Minas Argentinas no tiene detalles de este tramo todavía, ya que adelantó que se trata de una segunda etapa de su master plan. Aun así, hay un plazo que se puede aplicar: debe hacerlo antes de que termine el régimen. El instrumento para agilizar inversiones tiene una vigencia de dos años, ampliable a uno más. Esto quiere decir que tendría que proyectar y diseñar la línea antes de 2026 o 2027 si finalmente lo extienden en Nación. Antes de esto, deberá obtener el aprobado de su primera fase de inversiones, que son 1.000 millones de dólares en hacer una planta de procesamiento y un gasoducto hasta la mina de oro.
LOS OTROS PROYECTOS
El proyecto de Gualcamayo se suma a otros dos que ya están avanzados. El primero que se conoció fue el de la línea de 500 KV entre Rodeo y Chaparro, que Josemaría decidió financiar. La mina de cobre tendrá un gran consumo de energía y necesita esta línea para poder producir. Hoy tiene dentro de sus obras planificadas construir el tramo de extra alta tensión y hasta logró avanzar en las audiencias de impacto ambiental. La inversión total superará los 200 millones de dólares.
En paralelo está la ampliación de la estación transformadora de Rodeo, que no solo servirá para el tramo hacia el norte, sino que también elevará la potencia de la actual línea de 500 KV San Juan – Rodeo. Si bien en el plan original de Josemaría está también esta obra, en 2023 apareció otro jugador: YPF Luz. En una entrevista reciente, la vocera de la empresa confirmó a este medio que tienen este proyecto vigente y que están pensando en invertir el dinero para ampliar sus parques solares en la zona.
HERRAMIENTAS LEGALES
Las dos líneas de 500 del norte y la estación transformadora que planea YPF no son los primeros proyectos que San Juan quiere trabajar con privados. Durante la década pasada, la provincia avanzó en sus primeras líneas de alta tensión, la primera entre Mendoza y San Juan y el tramo hasta Rodeo, con apoyo de privados. En ese momento las tres empresas mineras que estaban trabajando, Veladero, Gualcamayo y Casposo, invirtieron más de 140 millones de dólares para construirlas, ya que iban a ser también beneficiadas.
Este sistema se consideró un formato solidario, ya que no son líneas de las empresas, quedan para que las gestione la provincia. En la actualidad las empresas cuentan con otras herramientas para invertir en la red que pertenece al Estado. Tras una modificación a la ley que se hizo en 2022, las mineras pueden hacer la inversión total y recuperarla luego deduciéndola del pago de regalías. Además, cuentan con el RIGI, que les permite invertir y tener los beneficios del nuevo régimen.