Aún con el RIGI, faltará la letra chica para saber qué proyectos lo usarán

Las idas y vueltas políticas de la discusión de la Ley Bases, que se encaminaba a ser aprobada en Diputados anoche, tuvieron como protagonistas a los grandes inversores mineros de San Juan. Las empresas operadoras y también los proveedores e industriales apoyaron la propuesta en varias oportunidades porque aseguran que es clave para que inicien nuevas explotaciones. Pero el capítulo central, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tiene todavía varios puntos pendientes para que efectivamente se ponga en marcha. Este artículo, que da beneficios fiscales a operaciones estratégicas, todavía presenta dudas para el sector, porque no está claro cómo se pondrá en práctica y quiénes podrán usarlo.

Ricardo Martínez, presidente de la Cámara Minera de San Juan, aseguró que la aprobación del RIGI si bien se trata de una noticia muy esperada, “no quiere decir que veamos un proyecto nuevo mañana”. En cambio, sí va a empezar a mover un sector que, en San Juan, lleva más de 10 años sin que empiece una nueva explotación. Si bien otros sectores a nivel nacional ya hicieron anuncios al respecto, como el petróleo y el gas, en el sector minero todavía no se escucharon nombres concretos. Es que, en principio, todavía faltan varios pasos legales para que el régimen (si se aprueba) funcione y luego quedan los procesos que deben encarar las empresas para utilizarlo.

En el aspecto normativo, una vez aprobada la ley, el Ejecutivo debe ponerla en vigencia. Esto también incluye la reglamentación de la misma, para la que deberán darle forma no sólo al RIGI, sino también al resto de los capítulos de la Ley Bases. En cuanto al régimen en sí, se debe conformar una autoridad de aplicación. Esta estará encargada, por ejemplo, de definir qué proyectos pueden o no acceder a los beneficios. Es que no se trata de un instrumento automático, sino que se seleccionarán aquellas inversiones por encima de los 200 millones de dólares que puedan aplicar. También hay un paso en las provincias, que deben adherir o no a la nueva norma.

Luego de que haya quedado firme el proceso institucional, llegará el momento para que las empresas apliquen o no. Algunas firmas ya empezaron consultas, incluso antes de que se conozcan los detalles de la reglamentación. Esto se hará a través de los equipos legales. En San Juan hay varios candidatos claros para el RIGI, entre ellos el proyecto de cobre Los Azules. Rodolfo Ovalles, Gerente de Asuntos Legales e Institucionales de compañía, explicó a DIARIO DE CUYO algunos de los puntos que todavía están esperando.

Uno de los pasos que debe completar una empresa, además de obtener el OK de la autoridad de aplicación, es formar un VPU (Vehículo de Proyecto Único). Este es, “una sociedad, sucursal o unión transitoria que debe tener por único y exclusivo objetivo llevar a cabo una o más fases de un proyecto de inversión admitido por el RIGI”, citó el profesional. Esto abre la puerta también a proyectos en fase de exploración, aunque se espera que los primeros interesados sean los que deben iniciar la construcción y operaciones. Una vez que las firmas conformen este vehículo, la autoridad decidirá. Deberán además contar con el aprobado ambiental para la fase que quieren desarrollar. También deben desarrollar un plan de inversión, que será lo que analizarán para saber si puede o no obtener los beneficios, que serán por 30 años.

Una de las dudas que todavía subsisten, son los pasos a seguir para poder llegar a conformar el VPU y luego también para obtener o no el aprobado. El detalle, esperan, aparecerá en la entrada en vigencia de la norma. Existe también otra duda y es qué tan complejo será el proceso, ya que el plazo le pone una fecha límite a quienes puedan hacerlo. En principio el régimen estará dos años y luego el Ejecutivo puede extenderlo un año más. Quienes no consigan el aprobado en este tiempo, no podrán asegurar las condiciones que plantea la normativa.