El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, empezó ayer a conformar un equipo de abogados del organismo para que se dediquen a trabajar en la acción declarativa de certeza que quiere presentar en la Justicia por el caso San Guillermo. “Hay que buscar antecedentes y recabar todas las pruebas que vamos a aportar”, aseguró el funcionario, quien estimó que tendrían todo listo entre los meses de septiembre y octubre de este año
La decisión oficial es llevar el debate que hay con Greenpeace a la Justicia, con la intención de probar que la minería no afecta a San Guillermo. Así, busca ponerle punto final a la discusión y despejar todas las dudas que vienen sembrando la ONG con sus arremetidas a la provincia.
El mismo De Sanctis anunció el miércoles que presentará una acción declarativa de certeza, para que sea un juez quien diga si la reserva se ve afectada o no por la actividad. Y dio por descontado que les dará la razón, porque “aquí hay una manejo responsable, se cumplen las normas ambientales… y Greenpeace montó una campaña en base a mentiras”. Ayer, dijo que está armando un equipo de profesionales, para que trabajen puntualmente en el tema. “Tenemos abogados de mucho calibre”, aseguró.