El concurso para designar al nuevo titular del Juzgado de Instrucción Nº 5, que deberá entender nada menos que en la megacausa de las expropiaciones, entró en la recta final. Los postulantes que llegan con chances son los funcionarios judiciales Daniel Galvani, Benedicto Correa e Isabel Pérez, que ayer fueron elegidos por el Consejo de la Magistratura como integrantes de la terna que ahora será enviada a la Legislatura. El que sea nombrado tendrá que resolver, entre otras cosas, la situación procesal del exjuez Carlos Macchi y del abogado Horacio Alday, dos de los sospechados de ser parte de una red de profesionales que infló el valor de terrenos adquiridos por la provincia.
La definición del concurso genera expectativa como pocas veces en la comunidad judicial y política de San Juan. En el Juzgado de Instrucción Nº 5 se investiga el mayor escándalo judicial que se recuerde en la historia de la provincia, donde hay reconocidos e influyentes profesionales involucrados. Los que están en la mira, sus abogados y hasta el Gobierno provincial, que fue quien denunció las presuntas irregularidades en millonarios juicios de expropiaciones, siguen con especial atención el proceso de designación del nuevo magistrado.
Los miembros del Consejo de la Magistratura se reunieron ayer para armar la terna de postulantes que llega con posibilidades al último tramo del concurso. Los abogados que se inscribieron para compulsar por el cargo eran 16 y los consejeros, en votación dividida, se inclinaron por tres que trabajan en el Poder Judicial. Correa es prosecretario del Juzgado de Instrucción Nº 1, Galvani es el secretario del Juzgado Correccional Nº 5 y Pérez se desempeña como defensora Oficial Adjunta en la provincia de Mendoza.
La terna será remitida en estos días al parlamento sanjuanino, donde los diputados darán el veredicto final. Luego de entrevistarlos en la Comisión de Justicia y Seguridad, pondrán los nombres de los candidatos a consideración en el recinto y por simple mayoría, elegirán al ganador del concurso, es decir al flamante magistrado.
El cargo en juego quedó vacante en mayo, cuando se jubiló María Inés Rosselot. La exmagistrada investigó durante 3 años y medio el caso expropiaciones y procesó a los principales sospechosos de articular maniobras ilegales para estafar al Estado en millones de pesos (entre ellos, el abogado Santiago Graffigna). Si bien quedó como subrogante Benito Ortiz, que debe atender al mismo tiempo las causas de su propio juzgado, en Tribunales advierten que no tendrá tiempo de resolver los cabos que aún están sueltos y que todo quedará para quien sea nombrado al frente del Juzgado de Instrucción Nº 5.
Ortiz viene de indagar a Alday, exsocio de Graffigna, y al abogado Gustavo Mulet y ahora hay que resolver en qué situación quedarán. Hay tres opciones: procesarlos si hay elementos que los involucre con la presunta estafa que sufrió el Estado, sobreseerlos o dictar la falta de mérito.
A eso se agrega Macchi que, tras ser destituido como juez Civil Nº 5 por haber cometido irregularidades en juicios de expropiaciones que están bajo la lupa, fue incorporado a la causa penal por una denuncia que hizo el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. El fiscal Carlos Rodríguez debe decidir si pide que se lo investigue o si corresponde mandar la denuncia del funcionario a archivo. Si se inclina por la primera alternativa, el exjuez será indagado y es un hecho que le tocará al nuevo magistrado.
Junto a la terna para el Juzgado de Instrucción Nº 5, el Consejo de la Magistratura avanzó ayer en el concurso por el Juzgado de Paz Nº 1 de la Capital. Para la instancia final escogió a dos litigantes y una funcionaria judicial (ver recuadro).