Fue una semana agitada y con polémica por la decisión inicial, luego corregida del Gobierno nacional; de suspender a un gran número de beneficiarios de las pensiones por discapacidad ante la duda sobre si estaban correctamente otorgadas. Para dimensionar el impacto local de cualquier medida que se tome sobre el sector, se debe considerar que en San Juan una persona de cada 20 recibe algún tipo de beneficio de los que maneja el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El dato surgió porque en la provincia hay 33.957 personas favorecidas por alguna de las ayudas que maneja la cartera nacional, según datos oficiales, sobre una población de 681.055 personas de acuerdo al último censo.
De los 33.957 beneficios, 23.778 corresponden a pensiones por invalidez, también conocidas como por discapacidad, que fueron el centro de la polémica nacional la semana pasada. También hay 2.326 ayudas que inicialmente otorgó el Congreso y que maneja la cartera nacional, y las 7.853 restantes son pensiones a madres con 7 o más hijos. Los datos fueron proporcionados por Gimena Martinazzo, delegada local del Ministerio de Desarrollo Social.
El ministerio que conduce Carolina Stanley dispuso suspender beneficios de las pensiones por invalidez con el argumento de que muchas no respondían a las exigencias y condiciones que deben reunir ese tipo de ayudas.
En San Juan no se pudo determinar con exactitud cuántas fueron dadas de baja, aunque según cálculos del Gobierno provincial fueron unas 1.000. Pero, tras el revuelo que ocasionó la medida, la funcionaria nacional dispuso restituir las ayudas y continuar el plan de revisión, para constatar que todas se ajusten a la normativa vigente. No se descartó que, al final, algunas terminen siendo dadas de baja en forma definitiva. Para obtener la pensión por invalidez, la persona debe presentar un grado de discapacidad que disminuya su posibilidad laboral en el 76% o más, según indica la reglamentación vigente, sea física o mental, además de no percibir -tampoco su cónyuge- ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Tampoco puede trabajar en relación de dependencia ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar.
Otro punto es que no debe tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos. El beneficio mensual es en este caso de 4.420 pesos mensuales y tiene, como adicional, cobertura asistencial a través de Incluir Salud. En el otro lote de las ayudas están los beneficios que inicialmente se otorgaron a través del Congreso Nacional y que ahora maneja Desarrollo Social. Tienen la particularidad de que fueron concedidas por los diputados y senadores, en este caso por San Juan, inicialmente por 10 años, aunque se pueden renovar.
Cabe aclarar que ya no hay beneficios nuevos. El monto mensual de estas prestaciones rondan entre los 4.500 y los 11.000 pesos. Los últimos beneficios son a madres de 7 o más hijos. Está dirigida a mujeres en estado de vulnerabilidad social, es decir que no tengan tengan una jubilación o pensión, no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tengan parientes que deban mantenerlas. Actualmente se les paga 5.600 pesos en forma mensual. Por la suspensión inicial de las pensiones, en San Juan tuvo lugar el jueves una protesta de beneficiarios sanjuaninos por el centro de la ciudad, que terminaron con su reclamo en la Plaza 25 de Mayo (ver página 4).
Situación
3,5 Es el porcentaje de la población local que tiene una pensión por invalidez. La provincia ocupa el lugar número 11 en el ránking nacional de este tipo de beneficios (ver infografía).
Un lugar para hacer reclamos
Las personas que tengan dudas con su beneficio o quieran cerciorarse de su continuidad, pueden dirigirse a la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social, que funciona en 9 de Julio 168 Este, entre Tucumán y General Acha. La atención es de lunes a viernes, de 7 a 12. No es necesario concurrir la primera vez con documentación de la ayuda.
“No se va a eliminar nada”
Gimena Martinazzo
“La primera cuestión es que queremos insistir en que es absolutamente falso que el Gobierno nacional esté pensando en eliminar las pensiones o reducir la atención a las personas con discapacidad y sus familias. Por el contrario, las pensiones por invalidez serán uno de los componentes del Plan Nacional de Discapacidad anunciado recientemente por el Presidente. Se trata del primer plan integral de discapacidad de la historia del país, en el cual se reformarán y ordenarán los programas existentes y se trabajará para ofrecer un acercamiento integral a la cuestión. Por eso una vez más aclaramos que no es cierto que que estemos eliminando las pensiones por invalidez en Argentina, que hoy son más de un millón. Seguimos trabajando con el mismo sistema y los mismos criterios que había cuando esta gestión llegó al gobierno y se siguen sumando personas todos los meses que van y pueden presentarse en las oficinas de pensiones para aclarar cualquier duda que tengan”.
“Hubo fuerte campaña”
Ministro Walberto Allende
“El número de beneficios ha crecido en los últimos años porque se ha venido realizando una fuerte campaña con los municipios. Con el apoyo del Gobierno provincial se iba prácticamente casa por casa detectando los posibles beneficiarios y si reunían los requisitos se les daba la ayuda. Además hay que recordar que hasta años atrás, los propios familiares escondían los casos de las personas con algún tipo de discapacidad, tal vez por vergüenza.
Incluso tampoco había escuelas para chicos con este tipo de problemas y en la actualidad hay, por lo menos, una por departamento. Con el trabajo conjunto del Gobierno provincial y de las municipalidad hubo una especie de blanqueo de lo que estaba pasando. Esto no significa que a lo mejor, con el paso del tiempo, alguno ya no reúne los requisitos para continuar con la ayuda. Sobre lo que ha ocurrido ahora, creo que antes que quitarle el beneficio, hay que darle la oportunidad a la gente de demostrar si se lo merece o no”.