El puntapié inicial lo dio el Gobierno nacional cuando una semana atrás fue presentado el proyecto de Ley de Presupuesto 2023. En la iniciativa deja abierta la posibilidad de una modificación al régimen impositivo especial del Poder Judicial, que se encuentra excluido, en parte, de pagar el Impuesto a las Ganancias. En San Juan, hasta ahora, el 65% de los empleados judiciales, unos 195, incluidos jueces, no tributan. Pero de avanzar la iniciativa sí lo empezarán a hacer en la provincia porque van a acatar la decisión, según anticipó el presidente de la Corte de Justicia local, Juan José Victoria.
"Si sale por ley nacional hay que cumplirla", dijo el cortista. De los 5 miembros que tiene el cuerpo, 2 de los miembros ya tributan porque se incorporaron después del 2017, cuando una modificación así lo dispuso. Se trata de Adriana García y de Marcelo Lima, que ingresaron después de esa fecha.
Según información aportada por la justicia sanjuanina, hasta ahora hay un 35%, unos 105 empleados, incluidos jueces, fiscales, defensores y personal judicial, que sí están pagando el tributo porque ingresaron hace menos de 5 años. Pero ahora puede pasar, si avanza la iniciativa nacional, que todos tengan que aportar, es decir el 65% restante.
El origen de la decisión actual en la administración de Alberto Fernández, que ocurre por primera vez, incluye la decisión de avanzar sobre el beneficio que tienen algunos actores del Poder Judicial "que influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados", según dice el texto de la iniciativa.
Hasta el 2017, funcionarios y magistrados estaban exentos del pago, pero durante la administración de Mauricio Macri se impulsó el cambio. Y así fue que, al año siguiente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó resolviendo que jueces, fiscales, defensores y empleados judiciales que fueron nombrados a partir de 2017 debían pagar el impuesto, sin importar si trabajaban o no con anterioridad en el Poder Judicial. La posibilidad de pago, hasta ese momento, había sido polémica porque en la Justicia interpretaban que se trataba de un avasallamiento de un poder sobre otro, en este caso del Ejecutivo en los derechos de los miembros del Judicial.
Ahora, con el presupuesto nacional del 2023 hay un intento por hacer extensivo el tributo a todos, incluidos los que ingresaron con anterioridad al 2017.
En San Juan, al igual que en otras provincias argentinas, la decisión no fue bien recibida. Por ejemplo, en abril del 2018 salió a la luz que un secretario de primera instancia de los Juzgados de Flagrancia de la provincia había presentado un amparo y solicitado una cautelar para frenar el descuento ante la AFIP y que le restituyeran las sumas que le retuvieron. Pero la Justicia Federal de San Juan rechazó el pedido.
Ana Lía Larrea, titular del Colegio de Magistrados de San Juan, quien aclaró que hablaba a título personal y no desde la entidad que preside, dijo que entendía que no se puede afectar a los funcionarios nombrados con anterioridad al 2017 "porque la ley no puede ser retroactiva", sostuvo.
Personal
300 Es la cantidad de empleados, incluidos jueces, fiscales y defensores, que podrían ser alcanzados por el tributo.
Argumento
Los jueces vinieron invocando el artículo 110 de la Constitución Nacional, que garantiza la intangibilidad de los sueldos de los magistrados al señalar que "no podrán ser disminuidos en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones".
El recorte a los jueces
Entre las casi 5.000 páginas de desarrollo del presupuesto nacional, el desagregado sobre gastos tributarios dispone que en caso de mantenerse la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales, el Estado debería cubrir aquella previsión con $237.850,2 millones, es decir, 0,16% del PBI, según consigna el diario El Cronista.
El monto es similar a lo recaudado por el pago del Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas ($223.000 millones) en 2021 e implica la mitad del ahorro fiscal producto de la reducción de subsidios a la energía a aplicar el próximo año, que según estimaciones de la Secretaría de Energía alcanzaría los $445.000 millones.
Esta integra una de las diversas modificaciones impositivas o de regímenes especiales que contempla el Presupuesto 2023. Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, estas podrían escalar hasta el 2,4% del PBI y reducir sustancialmente el déficit fiscal, lo que podría implicar un superávit de hasta 0,5%.
"El peso relativo de estos beneficios, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del Fondo Monetario Internacional. En efecto, en un reciente comunicado de prensa, dicha institución ha recomendado la evaluación de la efectividad de los mismos", añade el apartado oficial acerca del impacto del Gasto Tributario en las cuentas públicas.
Pero la discusión principal en torno al debate presupuestario será en relación al recorte de áreas y programas que permitan consolidar la meta fiscal incluida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.