La inflación y su impacto en los costos obliga a un nuevo "recálculo" de las tarifas de distribución eléctrica en San Juan y por eso el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) convocó a una nueva audiencia pública, el próximo 2 de noviembre para determinar nuevos precios para los usuarios sanjuaninos, según comunicó esta semana.
Esta convocatoria no será una más, y ya hay duras negociaciones por un aumento que podría ser considerable y que el Gobierno intentara frenar, aunque no se sabe aún con qué estrategia.
Luego de la última audiencia del 18 de julio el EPRE le concedió a la distribuidora Energía San Juan un aumento ínfimo, prácticamente simbólico del 0,11%, contra el 26% que esperaba la empresa, y que obviamente benefició a los usuarios que prácticamente no notaron ajustes por el servicio de redes en la boleta.
Es verdad que siempre ocurre que la distribuidora pide una cifra alta y el EPRE le concede mucho menos, pero no había ocurrido hasta ahora que en pleno proceso inflacionario le otorgue un ajuste tan bajo. Pese a la protesta de la distribuidora, el equipo técnico del EPRE logró imponer en esa ocasión la postura de que la empresa en el 2018 iba a tener cambios en el impuesto a las Ganancias, que le iban a permitir pagar menos tributo y amortizar sus bienes y activos, porque iba a poder ajustar sus balances impositivos por inflación. Por ese motivo su actividad como prestadora de servicios no iba a correr riesgo si se le concedía un aumento tarifario menor, según EPRE. Pero la Nación en el Presupuesto 2019 acaba de echar por tierra ese mecanismo que esperaban todas las empresas del país. Es que se había determinado que si la inflación superaba el 30% en el 2018 se iba a permitir a las empresas aplicar el ajuste por inflación a sus balances, pero elevó el parámetro inflacionario al 55% en el presupuesto. Con necesidad de recaudar, la Nación se iba a perder unos 100 mil millones de pesos del impuesto a las Ganancias si aplicaba la norma que estaba vigente, y por eso la cambió. Esa modificación cambia por completo el escenario para la distribuidora (incluso varias fuentes contables le dan la razón), que ahora irá a la audiencia con la expectativa de recuperar el aumento que le correspondía para el primer semestre y que quedó inconcluso, más el de la ultima mitad del año. El problema es que más allá de la razonabilidad en el pedido empresario, para el usuario de electricidad significará un golpe al bolsillo y fuentes del sector anticipan que el Gobierno intentará morigerarlo. ""Están todos de cabeza sacando cuentas", graficó una fuente del sector. Según pudo saber este diario, en la distribuidora, que está en manos españolas, confían en que el Gobierno dará alguna solución y no será necesario acudir al CIADI; la institución que es líder mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.
Por lo demás, el aumento tarifario que se viene comenzaría a regir a partir de enero y los usuarios lo sentirán con las facturas que comiencen a llegar en marzo de 2019. El hecho de que la audiencia se hace temprano es un guiño también para la distribuidora que con nuevas tarifas autorizadas podrá exhibir otros resultados contables, por ejemplo ante los bancos, para conseguir la financiación que necesita para sus actividades.
Las últimas subas
Mientras el último aumento de redes de distribución local fue mínimo, la Nación aplicó a partir de los consumos de agosto un aumento que ronda el 23%. Son las facturas que están llegando desde el mes pasado y este, y que sorprenden a los usuarios.
Reclamo por tasas
Un total de 14 entidades de la agroindustria local insistirán nuevamente ante el gobernador Uñac para que interceda con los intendentes a fin de reducir las cargas municipales en la boleta de luz. Dicen que no podrán pagar el tarifazo.
