“No veo que el Gobierno nacional esté colaborando y por ahí hay algunos que su respaldo puede parecer inicialmente bueno, pero que termina siendo dañino. Específicamente creo que el ministro (Sergio) Bergman está haciendo muy poco no sólo por el Gobierno de San Juan sino por aclarar la situación conflictiva que tiene el medio ambiente argentino”. Con estas palabras, el titular del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), Ricardo Martínez, salió a criticar fuerte la intervención de la administración nacional tras los incidentes en la mina Veladero.
El empresario se quejó porque dijo que “hay una condena previa en muchas de las apariciones nacionales como en el caso específico del Ministerio de Ambiente de la Nación”. Precisó que “hay preconceptos formados que vienen desde asumir una posición en la que todavía no existe la instrucción de ningún sumario técnico”.
El incidente que ha generado la crítica actual se produjo el 28 de marzo pasado, cuando tuvo lugar el desacople de una cañería con material rico, que transportaba mineral más solución cianurada, aunque fue dentro de los límites del valle de lixiviación y no afectó las fuentes de agua. El problema es que fue el tercer hecho en menos de un año y medio.
Martínez dijo que el riesgo en esa polémica es que se vayan a perder fuentes de trabajo.
Según Martínez, para evitar confusiones debiera existir por lo menos un informe técnico previo para que alguien tome posiciones. Ya sea el Ejecutivo nacional o incluso el sector judicial.
El representante de GEMERA reprobó que “en este último incidente hubo fotos y denuncias por Whatsapp que llegaron antes que a la misma empresa y ya estuvo la condena social”.
Por eso exigió que antes de opinar es necesario avanzar con una investigación técnica. “Acá hay un prejuzgamiento y no estoy defendiendo a la empresa porque ha cometido un montón de errores, técnicos, comunicacionales y de todo tipo, pero en definitiva se está prejuzgando porque no hay una identificación técnica del evento y de cómo pasó”.
Entre las consecuencias de ese accionar mencionó que el riesgo es “destruir el capital social que tantos años ha llevado construir sobre la actividad minera”. En ese sentido precisó que el Gobierno nacional toma participación en algo ‘’que no tiene la potestad jurídica para hacerlo, pero sí un efecto mediático y social muy fuerte cuando se habla en contra de la minería”.
Incluso no descartó que la proximidad de las elecciones legislativas también tenga intervención en esta polémica. “Veo que desde la Nación no se está ayudando para solucionar este problema sino que están buscando quizás el oportunismo electoral, que hace que algunas conductas sean un poco diferentes de lo que uno esperaría”.
Para evitar todo este tipo de discusiones que, según el especialista, tanto están afectando la imagen de la minería, propuso que “la única forma que tenemos de demostrar si esto tiene implicancia ambiental es con información técnica. Hace falta una completa investigación responsabilizando a quien tuvo la culpa, penando a quien tenga responsabilidad y mejorando para evitar cualquier incidente futuro, con el silencio de quienes no tienen que opinar y la acción rauda y efectiva del Gobierno de San Juan y de toda su infraestructura de control ambiental minero”.