En momentos de baja en la recaudación nacional y una inflación muy superior a la prevista, lo que hace aumentar de manera extraordinaria los costos operativos a afrontar, el Estado provincial contará este año con una bocanada de aire fresco de más de 300 millones de pesos. Son fondos que no estaban presupuestados y que provienen del reparto de utilidades que dispuso el Banco San Juan. En lo que va del año, la Provincia ya recibió por su participación accionaria 121 millones de pesos y por la distribución que está en curso espera embolsar más de 180 millones en los próximos meses. El extra ayuda a la ejecución de las obras proyectadas para este ejercicio y esquivarle al déficit fiscal a fin de año.
En lo que va de 2016, el Directorio del Banco San Juan resolvió repartir ganancias en tres oportunidades. En enero, en marzo y en junio. El Estado tiene el 16,8 por ciento de las acciones y por la primera distribución le tocaron 44 millones de pesos, por la segunda 77 millones y por la tercera, que está a la espera de ser aprobada por el Banco Central, percibirá 183 millones. Todo eso suma 304 millones que vienen como anillo al dedo en medio de las complicaciones que trae el descalabro inflacionario.
El dinero no está presupuestado, es decir que la Provincia no lo contaba entre sus recursos para este año. Esto, porque la que decide cuándo repartir la ganancia es la misma entidad bancaria y no se sabía cuándo lo haría. El Estado sanjuanino tiene una participación minoritaria en el Directorio y aun cuando lo quisiera, no le alcanza para disponer por voluntad propia el momento para ejecutar esa medida.
Así las cosas, el monto es una bocanada de oxígeno para las arcas provinciales. Al dinero que había contemplado en la ley de presupuesto 2016, la Provincia agrega lo que proviene de las utilidades bancarias y podrá atender mayor cantidad de erogaciones públicas.
La voluntad del gobernador Sergio Uñac es que todo dinero adicional que ingrese a las arcas provinciales vaya a inversión en obras y servicios y no a financiar erogaciones corrientes, como es el costo de funcionamiento del aparato público (insumos, gas, luz, teléfono, traslados, etc). En un juego de imputaciones presupuestarias, es una partida complementaria de recursos que sirve para acercarse a los dos objetivos que el primer mandatario tiene como prioridad: ejecutar todas las obras de infraestructura que están previstas en el esquema de inversión de este año y que la ecuación recursos-gastos termine equilibrada.
La recaudación de la gestión macrista en los primeros 7 meses está 4 puntos por debajo de lo que se presupuestó y, en consecuencia, hay menos plata para repartir entre las provincias. Aquí, en tanto, al cobro de impuestos locales le faltaron casi 25 millones de pesos para llegar a la meta fijada para los 6 primeros meses del año, es decir 1,54 por ciento.
Lo peor de todo es la inflación. En Hacienda advierten que mientras la recaudación nacional y la coparticipación federal de impuestos que alimenta a las provincias (es la principal fuente de fondos que tienen) aumentaron a un ritmo promedio del 25 por ciento, los precios y los servicios van por el 38. Significa que el volumen de dinero que ingresa al Estado local subió mucho menos que los costos y eso despierta un alertas fiscal no sólo en San Juan sino en todos los distritos del país.
Las últimas ganancias que había repartido el agente financiero de la provincia fueron las de 2013. En diciembre del año pasado, poco después del cambio de Gobierno, le hizo saber a Uñac que tenía ánimo de distribuir las utilidades que estaban pendientes. Fue así que los miembros del Directorio dispusieron distribuir en enero las de 2014, en marzo las de 2015 y hace dos meses, un remanente de esos dos años.
Los 304 millones de pesos se suman a los 470 millones que ya empezaron a gotear desde la Nación por la devolución del 15 por ciento de coparticipación que dispuso la administración macrista para todas las provincias (este año recuperan un 3 por ciento). También son fondos que no estaban presupuestados y constituyen un extra para compensar las eventuales bajas de la recaudación nacional y local.