La Dirección General de Rentas (DGR) está estrenando el año mandando a ejecutar judicialmente a casi 30 mil contribuyentes que le deben impuestos al fisco. Entre todos arrastran deuda por un total de 46 millones de pesos y llegan a esta instancia, porque no respondieron a las intimaciones de pago que se les hizo por vía administrativa. Es la segunda vez que el organismo despacha en forma masiva tantos expedientes a Fiscalía de Estado, tras los 50 mil que tuvieron el mismo destino hace un par de años atrás.
Rentas ya empezó a mandar los certificados de ejecución y según su titular, Adrián Villegas, terminarán con los 29 mil en el mes de febrero. Todo quedará en manos de la Fiscalía de Estado, organismo que defiende los intereses de la provincia en la Justicia y que es el encargado de interponer las demandas civiles para que los deudores normalicen si situación impositiva.
La masividad de ejecuciones tiene un antecedente cercano. Entre diciembre de 2009 y los primeros meses del año siguiente, el organismo recaudador mandó a instancia judicial a unos 50 contribuyentes, según la información que dio la misma DGR. En aquella oportunidad, tantas causas juntas causaron un profundo colapso de los juzgados de Paz de la Capital, que se vieron desbordados por la gran cantidad de expedientes (ver foto).
Para evitar este tipo de sorpresas, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, al poco de tiempo de asumir, reformó el área ejecuciones para poder atender en forma más ágil los pedidos de demandas que vienen de los distintos organismos estatales que les cobran montos de dinero a los contribuyentes por distintos conceptos. Entre otras áreas, creó la de Ejecuciones Tributarias, que lleva específicamente causas por impuestos y canon de riego de Hidráulica. Antes, era mucho más amplia y tenía todo tipo de ejecuciones bajo su órbita.
Los 46 millones de pesos adeudados alcanzarían para levantar un barrio de 306 casas del IPV o son equivalentes a 164.285 asignaciones universales por hijo, que son las ayudas que da el Estado nacional para los chicos de escasos recursos.
La deuda que reclama la DGR se generó a partir del año 2007 y para evitar que prescriba, las demandas deben ser interpuestas en marzo. Aunque los morosos están a tiempo todavía de evitar en juicio en contra, si van a Fiscalía de Estado a proponer un plan de pago para regularizar su deuda y evitar ser blanco de una demanda que les terminará acarreando intereses y honorarios judiciales en contra.
La explosión en la cantidad de causas provenientes de Rentas se debe a dos motivos. En primer lugar, la gestión giojista implementó una fuerte política de cobro y el organismo recaudador empezó en 2009 a mandar a todos los morosos a la Justicia. En segundo término, en noviembre de ese mismo año un fallo judicial obligó a corregir los plazos de prescripción de las ejecuciones fiscales y de inmediato, la provincia se vio en el apuro de tener que enviar de golpe las 50 mil causas para evitar que los deudores zafen.