El fiscal de Estado de La Pampa, Alejandro Vanini, presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en nombre de su provincia, un pedido de inconstitucionalidad del decreto presidencial que extendió la vigencia del régimen de Promoción Industrial a San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan, según publicó ayer El diario de La Pampa.

En el mismo trámite radicó también una medida cautelar para frenar la vigencia del decreto, tal y como hizo Mendoza oportunamente.

Esto no es un dato menor, porque la presentación mendocina había frenado la aplicación efectiva del régimen en San Juan y en el resto de las provincias promocionadas. Y pasaron varios meses de disputa política y en tribunales para que el gobernador Celso Jaque desistiera de la postura, a cambio de que se incorpore en el polémico decreto a 7 distritos mendocinos.

En el caso de La Pampa, sigue los pasos de Mendoza con el argumento de una suerte de discriminación, que amenaza con volver a congelar el sistema. De hecho, los pampeanos ya habían presionado por obtener el régimen en 1997, lo que devino en un acuerdo el año pasado, por el cual la provincia recibió de la Nación 500 millones de pesos para que frene el juicio.

El régimen que estableció Cristina Fernández a mediados de este año mediante el decreto 699, otorga 15 años de prórroga al sistema que permite a fábricas promocionadas acceder a beneficios impositivos para hacerles más fácil su radicación en determinados distritos, donde está San Juan.

Según el informe del diario pampeano, el sector industrial de esa provincia venía reclamando al gobernador justicialista Oscar Jorge que exigiera entrar en el sistema, lo que se desató justamente una semana después de conocido el arreglo con Mendoza, provincia que terminó levantando la demanda contra la Nación.

La extensión del decreto a Mendoza no fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que la promoción industrial para la gestión de Jaque fue puesta en duda.

Antes de la presentación pampeana, los gobernadores incluidos en el decreto estaban listos para firmar el acuerdo que pondrá en vigencia el decreto.