En medio de la discusión por la posibilidad que impulsa el Gobierno nacional de que haya una reforma para crear un sistema nacional integrado de salud entre los sectores público, privado y las obras sociales con el argumento de optimizar los recursos, los prestadores en San Juan están en alerta porque puede haber cortes de servicios. Es porque las prepagas, una de las patas del sistema, al venir con un atraso en las cuotas que les cobran a sus afiliados, tampoco pueden actualizar los aranceles que abonan, que vienen con un atraso estimado de hasta el 50%. El resultado es que, de continuar la situación, en el ámbito de las clínicas y sanatorios, bioquímicos y odontólogos, por ejemplo, hay temor a no poder atender a los enfermos en medio de un panorama de un fuerte incremento de los costos de los insumos.
El argumento es que mientras las prepagas, a las que el Gobierno nacional no autoriza a ajustar sus cuotas, tampoco pueden hacer frente a un incremento en los aranceles que pagan. Y desde el sector de los prestadores sostienen que están afrontando constantes aumentos de costos de los insumos, por ejemplo de todos los elementos de protección para evitar los contagios por el covid-19 y que no pueden sostener mucho más la situación.
Tan grave es el panorama que incluso un grupo de empresas de medicina prepaga presentó ante la Justicia una medida cautelar que les permita aumentar las cuotas de su servicio en un 9,77%. El pedido es "a cuenta del futuro aumento que corresponderá otorgar", en el marco de una compleja situación denunciada por el sector de atraso en las cuotas que perciben. Entre las empresas que hicieron la presentación se encuentran, por ejemplo, Swiss Medical, OMINT, OSDE, Galeno, APRES S.A., Medicina Esencial, Medicus y Medife.
En cuanto al atraso en la actualización de los aranceles, por ejemplo los bioquímicos recibieron un incremento del 20% en todo el 2020 y en lo que va del 2021 la actualización ha sido del 13,5%. La última fue en abril, del 10%.
Sobre el tema, Javier Baabdaty, del Colegio Bioquímico de San Juan, dijo que "estamos muy preocupados por el proyecto del que se habla a nivel nacional, en medio de un panorama en el que nos están aumentando los gastos sensiblemente, pero no los ingresos".
El gran problema que tienen las empresas de medicina prepaga es que sospechan de la existencia de un supuesto plan oficial para ahogarlas financieramente y apurar la estatización del sistema.
Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios, Miguel Rodríguez, habló de "un juego perverso porque no se deja que se incrementen los ingresos de las prepagas al ritmo de la inflación", que trae como consecuencia que no puedan aumentar los aranceles que pagan. Sobre la reforma nacional opinó que "justo en medio de la pandemia y sin consenso no me parece que sea el momento".
Jorge Castro, del Círculo Odontológico de San Juan, habló del fuerte atraso en la actualización de los aranceles que perciben y calculó que están en el orden del 50%. También señaló la "incertidumbre" en el sector por lo que pueda pasar con el sistema de salud. Lo cierto es que la necesidad de avanzar con una reforma integral del sistema de salud que propicia el Gobierno nacional ha encendido las alarmas en el sector de la salud. Y lo que abona la preocupación es la negativa de la administración nacional en la autorización de un nuevo aumento de las tarifas de las prepagas, que ha terminado por alterar los ánimos entre las empresas de medicina privada y los gremios que administran obras sociales.
> Ejes del plan nacional
Entre los cambios y mejoras que pretende introducir el Gobierno nacional en el sistema de salud, y según ha trascendido, se encuentran:
- Aumentar la inversión directa en salud del Estado nacional a través de un Fondo Nacional de Salud y poner en marcha el sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga.
- Instaurar una nueva modalidad para la "libre elección" entre obras sociales, que impida el desfinanciamiento de aquellas y mejores prestaciones de salud para los afiliados.
- Apoyar con inversión directa del Estado nacional a los hospitales de alta complejidad en las provincias.
- Promover el mejoramiento y optimización de la capacidad prestacional propia de las obras sociales.