La Cámara Minera de San Juan y la de Servicios Mineros (Casemi) se reunirán el martes próximo con autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para pedir la flexibilización de una resolución que afectaría seriamente al sector. El estado de alerta se debe a que el organismo nacional creó un registro fiscal en el que deben inscribirse todos los proveedores de las empresas mineras, para lo cual deben cumplir con múltiples requisitos y una vez que estén dentro del sistema, emitir facturas electrónicas por sus ventas. Dicho mecanismo se pondrá en práctica a partir del 1 de enero, lo que dejaría afuera a los pequeños prestadores, que en muchos casos no pueden cumplir con todas las condiciones exigidas ni cuentan con servicio de Internet, manifestaron desde las entidades locales.

En ese escenario, los que no estén en el registro, igual podrán venderle a una firma minera, pero estarán sujetos a retenciones más gravosas del impuesto a las Ganancias y el IVA, que impactará directamente en sus cuentas. Jaime Bergé, de la Cámara Minera, señaló que la retención será del 35 por ciento, aunque otras fuentes del sector hablan que llegaría al 51 por ciento. El directivo explicó además que la situación se complica para aquellos proveedores esporádicos que, por ejemplo, vendan ciertos bienes como repuestos. ‘Si para vender un artículo tienen que inscribirse en un registro exigente, directamente no lo harán y no venderán‘, agregó.

Entre las condiciones para inscribirse, los proveedores deben poseer la Clave Única de Identificación Tributaria (Cuit) activa, tener actualizado el sistema registral, tener el alta en IVA y Ganancias, haber presentado las últimas declaraciones juradas de IVA y la última de Ganancias, haber registrado y aceptado datos biométricos (la registración de manera digital de la firma, foto, huella dactilar y el escaneo del DNI), entre otros. Además, deben operar con facturas electrónicas.

Por esa razón, tanto la Cámara Minera como Casemi viajarán el martes a Buenos Aires para reunirse con autoridades de Departamento de Gestión de la Fiscalización de la Actividad Primaria, de la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada de la AFIP, para pedir la flexibilización de las condiciones. Bergé resaltó que ‘aquellos prestadores pequeños de Iglesia o Calingasta no tienen factura electrónica, porque muchas veces no disponen de Internet‘. Desde el sector de los proveedores manifestaron que hay prestadores humildes como los que brindan algún servicio de comida, de limpieza y de lavado de ropa que no pueden cumplir con esas exigencias.

La resolución de creación del Registro Fiscal de Proveedores Mineros salió a fines de octubre y el mecanismo comenzará a regir el 1 de enero. Hasta el momento, en la provincia son pocos los prestadores que han iniciado los trámites de inscripción, señalaron fuentes del sector. Por eso, uno de los pedidos que se baraja es una prórroga, aunque el organismo fiscal no suele dar marcha atrás en los plazos de sus disposiciones. Bergé, por ejemplo, destacó que ‘al 1 de enero se tienen que regularizar todos los proveedores habituales y de mayor tamaño, mientras que para los pequeños se maneje otros plazos para una solución. O exceptuar a los que venden menos de 30 mil pesos por mes‘.