Empresarios que operaban en San Juan sospechados de un presunto caso de contrabando de pasas denunciado por la Regional Córdoba de la Aduana en mayo del año pasado presentaron un pedido ante la Justicia Federal para que se los exima de ese delito, que está castigado con pena de prisión hasta por 10 años, según dieron a conocer fuentes judiciales. Plantearon adherir al blanqueo de capitales para construcción, para lo cual depositaron en una cuenta especial un total de 753.000 dólares, que al cambio oficial son 142,9 millones de pesos. Se trata del monto que presuntamente habían dejado de ingresar al país. Para avanzar o no con el pedido la Fiscalía Federal, a cargo de Francisco Maldonado, le pidió al juez Federal Leopoldo Rago Gallo que le consulte a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Si el organismo da el visto bueno, el pedido prosperará y los empresarios quedarán desvinculados de la causa.
Entre las firmas investigadas están Pistacuy SA, Pasas del Sol SRL y Mayfratex SA, cuyos directivos son Jorge Guillermo Franco, Javier Omar Álvarez y Yong Soo Kang, que son los hicieron el planteo para intentar despegarse de la causa.
La hipótesis que manejan en la Justicia Federal es que ocho empresas que trabajan en San Juan habrían estado realizando maniobras tales como evasión impositiva, fuga de divisas y lavado de dinero, todo agravado por la cantidad de participantes en los hechos, en operaciones que involucrarían un total de 13 millones de dólares.
Según la denuncia de la Aduana, las maniobras ilícitas consistían en la subfacturación en los valores declarados en las exportaciones, a través de la alteración de las declaraciones aduaneras y evitando o disminuyendo el ingreso al país de las divisas provenientes de las operaciones realizadas. El ardid, según la denuncia, consistía en anular la factura de exportación o bien reducir su valor, mediante la emisión de sucesivas notas de crédito sin sustento real. Según los datos obtenidos, las facturas se anulaban con el argumento de la supuesta deficiencia en la calidad de las pasas exportadas. Al anular las facturas de exportación, las empresas sospechadas evitaban el ingreso al país de las divisas que correspondían por esas operaciones. Y en aquellos casos de disminución significativa del valor, simulaban una obligación de liquidación de divisas por un monto sensiblemente inferior al valor real de la exportación realizada. Así lograban materializar la colocación de divisas en el exterior, disminuir la ganancia expuesta y en determinados casos percibir estímulos indebidos a la exportación.
Ahora, con la adhesión al blanqueo que impulsa el Gobierno nacional, denominado Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, los empresarios buscan quedar sobreseidos del presunto delito de contrabando.
La ley contempla que aquellos que dejaron de ingresar divisas al país pueden blanquear su situación depositando en la Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar) el monto. Los fondos ingresados se destinarán a la construcción de proyectos inmobiliarios en la Argentina.
Como parte de la investigación, el 30 de mayo pasado se produjeron en la provincia una serie de allanamientos a 8 empresas en total. En los operativos participó personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), con apoyo de la Policía Federal y la intervención del Juzgado Federal de Rago Gallo.
En los procedimientos se secuestró documentación relevante para la causa, además de teléfonos celulares y computadoras.
Entre las firmas investigadas están Finisterre SRL, Natural Food SRL, Coniferas SA y Cultivos Orgánicos SA. Y además de los empresarios que buscan quedar desvinculados también fueron denunciados el despachante de aduanas Pablo Alberto Julián Salvador y los empresarios Eduardo Angel Repossi, Daniel Juan Tomeich, Guillermo José Dell"Orto y Fernando Kang.
Antecedente
Las maniobras denunciadas no son nuevas porque ya en octubre del 2021, con las firmas del entonces ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, y del presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez, habían advertido por nota a la DGA que se estarían realizando operaciones de subfacturación en la venta de pasas, ocasionando un serio perjuicio al mercado local, ya que San Juan representa el 90% de la producción de pasas del país.
Según datos del sector, el mercado de pasas de uva en San Juan incluye a unos 35 establecimientos, con trayectoria en la producción y exportación y que, además, son importantes generadores de empleo en sus fincas secaderos y plantas procesadoras, además de mantener una importante demanda de profesionales.
El sector mueve unos US$ 70 millones al año.
Investigación
15 Es la cantidad de allanamientos que se hicieron en San Juan en mayo del año pasado, con intervención de la Aduana y de Policía Federal.