La Asociación de Amas de Casa Filial San Juan está trabajando en una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, que hará efectiva entre hoy o mañana, en reclamo por la decisión del Gobierno nacional de disponer que los usuarios del gas domiciliario paguen una compensación a las distribuidoras del servicio como consecuencia de la devaluación del peso. Según anunció el secretario de Energía, Javier Iguacel, los usuarios deberán realizar pagos extra en 24 cuotas, a partir de enero del 2019, por las diferencias del servicio entre abril y septiembre pasado. De esta manera, una entidad local se suma a la serie de planteos en rechazo a la medida que harán, entre otras, distintas asociaciones de defensa del consumidor a nivel nacional.
"Lo que buscamos fue uniformizar para que todos paguen el mismo precio de gas y el que quiera ahorrar".
En una decisión polémica, el secretario Iguacel anunció la aplicación de un nuevo incremento en las facturas del gas y aunque ayer negó que la disposición tenga que ver con la devaluación, en la resolución oficial señaló como motivo del aumento la compensación a las empresas productoras "por la marcada variación en el tipo de cambio" entre abril y septiembre de este año.
"Estamos aplicando lo que dice la ley y en lugar de aplicar el aumento en 6 cuotas será en 24 meses".
"Con los meses, los usuarios recuperarán poder adquisitivo y el aumento no afectará tanto los ingresos".
Por la medida, el fiscal federal Guillermo Marijuan lo denunció penalmente (ver aparte).
En San Juan, la filial local de la Asociación de Amas de Casa, que preside Laura Vera, trabaja con el asesoramiento del abogado Eduardo López, en una presentación en defensa de los intereses de los consumidores. "Queremos frenar la medida porque atenta contra los intereses de los usuarios y sólo beneficia a las empresas", dijo la dirigente.
Si terminan de redactar el escrito hoy, lo presentarán durante el transcurso del día o mañana. Y lo ingresarán en la Defensoría del Pueblo de San Juan, a cargo de Julio César Orihuela, y ante la oficina receptora de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a cargo de la abogada Mariana Domínguez. Como se trata de un planteo que tiene que ver con tarifas nacionales, lo más probable es que se tramite ante el organismo nacional, aunque Orihuela dijo ayer que va a estudiar qué medidas se pueden tomar.
En el otro caso, según explicó Domínguez, recibirá la presentación y la enviará al organismo nacional para que se tramite en ese orden. "Lo primero que habrá que ver es la legitimación de los intereses colectivos de este tipo de asociaciones de consumidores", dijo el profesional.
En línea con este planteo, quien también manifestó su preocupación por el tema fue el diputado nacional Walberto Allende quien, en agosto, junto con los legisladores nacionales Graciela Caselles y Florencia Peñaloza, intervino cuando la empresa Ecogas había distribuido entre los usuarios de la provincia facturas con consumos estimados con importes que hasta triplicaban pagos anteriores por no haber podido realizar las lecturas en los medidores. Tras la polémica, la empresa decidió refacturar y descontar los montos a los usuarios que habían pagado de más. Ahora, Allende dijo que es una medida "ilegal" y que van a tomar medidas desde el bloque opositor en la Cámara de Diputados de la Nación (ver aparte).
En conferencia de prensa en la tarde de ayer, el secretario Iguacel defendió la decisión del cobro de un retroactivo en la facturación del gas. "No es una compensación por la devaluación", sostuvo y justificó que ello se vincula con una "desinformación" de Cristina de Kirchner. Criticó que hay "militantes" que buscan "asustar a la gente".
La reacción ante la decisión nacional
La decisión anunciada por el secretario Iguacel ocasionó distintas reacciones tanto en la Justicia, los sectores de la oposición como en organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores, incluso con amparos para frenar el avance del cobro retroactivo en la facturación del gas a los usuarios.
Una denuncia del fiscal Marijuan
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer la suspensión de la medida que compensa a las empresas distribuidoras de gas y denunció al secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
El funcionario judicial reveló que decidió "hacer una denuncia por la resolución que establece un aumento en la tarifa de gas retroactiva, que compensa a las empresas distribuidoras de abril a septiembre, por el aumento del dólar, y las diferencias que generaron". "Son los problemas que tienen las empresas, los usuarios hicieron el pago como corresponde", agregó el fiscal nacional.
Impulsan ofensiva desde la oposición
Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el presidente del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, anticipó que esa bancada impulsará un proyecto para pedir la derogación de la medida del Gobierno nacional. El legislador, del Bloque Argentina Federal, aseguró que "el gobierno primero dolarizó las tarifas, después devaluó y más tarde llevó la tasa de interés a niveles nunca vistos. Ahora dice que, por esa devaluación, los usuarios deben pagar otra vez por el gas que ya usaron". "Medidas como ésta no hacen más que agrandar los problemas de la gente, por eso pedimos su derogación", aseguró el legislador salteño en un comunicado emitido ayer.
Ya hay amparos en distintos ámbitos
Asociaciones de consumidores e intendentes bonaerenses comenzaron a judicializar el cargo extra en la tarifa de gas. El primero fue el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que presentó ayer ante la Justicia Federal de La Plata una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra el cargo extra que el Gobierno oficializó el viernes.
También el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, presentó un amparo contra el aumento del gas, junto a un grupo de clubes de barrio, centros de jubilados, Pymes, comerciantes, sindicatos de su municipio. Otras asociaciones de consumidores estudian planteos similares.
La defensa del ministro Frigerio
El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, afirmó que "el Gobierno es consciente de que duele (el aumento retroactivo del gas) en el bolsillo de la gente" por lo que aseguró que están "más que abiertos a discutir con dirigentes de la oposición medidas que puedan amortiguarlo". "Esto no tiene nada que ver con compensar a las empresas sino que es respetar los contratos que están dolarizados desde el año 92, es decir desde hace muchos años, con respecto a las empresas productoras de gas", aclaró el funcionario.
Expuso que "por el impacto que esto tiene en el bolsillo de la gente se decidió hacerlo en 24 cuotas y no todo de golpe".