La aplicación de la cláusula gatillo, una herramienta que puso en marcha el Gobierno provincial para que el sueldo de los trabajadores estatales no pierda poder adquisitivo frente al avance de la inflación, le ha significado a un empleado público una mejora del 32,4% desde marzo de este año. Esto es porque la administración local otorgó un aumento del 17%, en dos etapas, pero después el costo de vida superó la cifra y activó el mecanismo de ajuste, con un 15,4% adicional, hasta ahora. Eso llevó a que, mientras una grilla salarial en febrero ascendía a unos 1.000 millones de pesos, ahora la suma trepó a los 1.300 millones. Y podría ser superior. De acuerdo a como marcha la economía nacional, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, estimó ayer que el ajuste podría superar el 40% en el 2018.
Según cálculos de los economistas y del índice que elaboran los gremios, la inflación de este año podría ubicarse entre el 42 al 43%.
La cláusula gatillo fue un mecanismo que puso en marcha la gestión uñaquista con los empleados estatales en las paritarias que se negociaron en febrero (ver aparte), para que la remuneración de los trabajadores no quedara desfasada frente a la inflación. Incluso, San Juan es una de las pocas provincias del país que tiene este tipo de acuerdo con su personal.
La primera negociación salarial en la que se instrumentó este mecanismo se produjo en 2017, pero recién se activó en enero de este año, cuando se dio a conocer el valor del Indice de Precios al Consumidor (IPC) que midió el Indec en diciembre del año pasado. En esa ocasión, al Estado le insumió unos 28 millones de pesos hacer frente a los 2,8 puntos por arriba del 22% con el que había cerrado la inflación de 2017.
Este año, tras la suba salarial del 17% acordada entre los gremios de trabajadores estatales y el Gobierno, en julio, la inflación acumulada alcanzó el 19,6%, sobrepasando la cifra anterior. Esto derivó en la activación por primera vez en el 2018 de la cláusula gatillo, lo que llevó a cada trabajador estatal a percibir un aumento del 2,6% en sus salarios, suba que fue efectiva en agosto.
Ese mismo mes, el índice inflacionario fue del 24,3% (de enero a agosto), lo que generó una nueva activación de la cláusula y el consiguiente aumento en el salario de los trabajadores del 24,3% sobre los salarios de febrero 2018.
Ahora, una vez conocida la inflación acumulada a septiembre, la cual alcanzó el 32,4%, el Gobierno provincial activó otra vez el mecanismo de ajuste, con lo cual los estatales ya están cobrando el mes de octubre, porque ya el dinero está acreditado en las cuentas bancarias de cada agente, con un aumento de ese porcentaje sobre los salarios de febrero 2018. Así las cosas, el salario de octubre mostrará un incremento del 6,5% respecto al de septiembre.
Pero las proyecciones señalan que el aumento del costo de vida no se detendrá, por lo que en el Gobierno sacan cuentas y ya estiman que al cerrar el año, el ajuste podría superar el 40%, "todo un esfuerzo para el Gobierno provincial", según la expresión del propio titular de Hacienda. Cabe recordar que este mecanismo de compensación no tiene techo y que cualquier diferencia entre el salario y la inflación se seguirá ajustando. En San Juan, según las cuentas que sacan en Hacienda, son 41.500 los agentes que se benefician mes a mes con este mecanismo de ajuste.
Debido al esfuerzo extra para las arcas provinciales, es que el ministro Gattoni ya adelantó que para fin de año los trabajadores estatales no percibirán el plus. "Por la aplicación de la cláusula gatillo no hay fondos suficientes", dijo a fines de septiembre el funcionario. De todos modos, cada trabajador ya está recibiendo un refuerzo extra en sus salarios, que evita que queden rezagados frente al constante aumento de la inflación que, por ahora, no da señales de que vaya a disminuir, al menos en el corto plazo.
Mejora
32,4
Es el porcentaje de mejora en el sueldo de un trabajador estatal desde marzo de este año hasta ahora, por efecto del incremento del costo inflacionario.
El acuerdo inicial
En la negociación salarial de este año, que arrancó con los gremios del sector de la educación, y que después se extendió al resto de los agentes de la administración pública provincial, el acuerdo inicial se cerró en febrero en un 17%, en dos tramos. El primero fue del 12% de aumento a partir de marzo y el resto, a partir de agosto. Pero, en el camino, hubo circunstancias que llevaron a que el Gobierno provincial modificara el cronograma. La crisis económica que impactó en los últimas semanas del primer semestre puso en alerta al Ejecutivo local, que decidió adelantar el segundo tramo del incremento al sueldo de julio, en busca de mantener la premisa de que el salario no perdiera terreno frente a la inflación. La medida representó "poner en la calle" unos 55 millones de pesos, 30 días antes de lo previsto, por efecto del adelanto del 5% del convenio original.
Después vino la cláusula gatillo, cuyo efecto hasta fin de año todavía se desconoce.